Una de las consecuencias de vivir en un departamento que produce múltiples noticias sobre violaciones de derechos humanos es que hay unas violencias que terminan opacando a otras. Esta es una de las conclusiones que deja la lectura de la Alerta Temprana 26 de 2022, publicada por la Defensoría del Pueblo. Allí se hace énfasis en los riesgos que se encuentra la población de Toledo. Mencionaré tres elementos principales.
Primero, el sur del departamento es un punto crucial para los grupos armados, puesto que su ubicación permite acceder en poco tiempo a Arauca, Boyacá y Casanare. Del lado venezolano, a poca distancia, se encuentran Apure y Táchira. Esto permite que las estructuras ilegales controlen los pasos informales que están en esa parte de la frontera. La actual disputa se generó a partir de la llegada a finales de 2020 de las disidencias de las FARC a un territorio que desde hace décadas era controlado por el ELN y del cual el Estado colombiano tiene poco control.
Segundo, Toledo es un municipio con vocación agrícola y con grandes retos de gobernanza ambiental. Su riqueza en fuentes de agua y en recursos minerales es, a su vez, la causa de amenazas y vulneraciones de derechos humanos. Es decir, la bendición de vivir en una tierra rica se convierte en una pesada carga para su población, pues, por una parte, el sector minero está sometido a permanentes extorsiones de los grupos armados. Pero, al mismo tiempo, este sector genera afectaciones ambientales en las nacientes de agua y estabilidad del suelo.
Tercero, en este contexto los liderazgos ambientales y comunitarios son esenciales para defender los recursos naturales y la vida de las personas que habitan esta región. Y es allí donde se cruzan las violencias, pues la comunidad que defiende el derecho al agua y un ambiente sano se ve amedrantada “por parte del ELN, que manifestó en diferentes ocasiones molestia e incomodidad por las acciones de protesta e incidencia de la comunidad frente a la actividad minera en la zona”.
A todo esto, se suman las condiciones de vulnerabilidad del pueblo indígena Uwa que es sometido a constantes amenazas, las brechas de género en torno a la pobreza y las agresiones contra las personas que defienden los derechos humanos.
Esta Alerta Temprana se publicó el pasado 12 de septiembre, pero no tuvo la amplificación que merece. Toledo es vecino de Chinácota y Pamplona, dos municipios que se caracterizan por su oferta turística. Hablar de Norte de Santander también implica mirar de cerca el sur del departamento, pues a pesar de que sus niveles de violencia no son comparables con lo que pasa en el Catatumbo, allí también se corren riesgos que no pueden ser minimizados.
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