Afirmar que quienes critican las reformas que propone el Presidente Petro son voceros de la oligarquía que ha gobernado siempre a Colombia, es una falacia. Primero, los proyectos de ley son eso, proyectos, y hacerles observaciones o modificaciones son funciones fundamentales del Congreso. También es un derecho ciudadano pronunciarse sobre ellos porque, precisamente, van dirigidos a regular su vida.
No creo que afiliados a las EPS, pensionados anónimos, juristas, miembros de asociaciones y ciudadanos del común que hacen reparos a los proyectos sean mandaderos de unos ricachones apoltronados en los sillones de exclusivos clubes sociales.
No voy a detenerme en la enumeración de los riesgos que pueden conllevar las reformas que quiere hacer aprobar el Presidente a los sistemas de salud y pensiones, al régimen laboral, a la justicia, a la producción petrolera, entre otros, porque ya ha corrido mucha tinta exponiéndolos. Sólo quiero hacer unas observaciones generales sobre lo que está ocurriendo en Colombia.
La llegada del Presidente Petro a la Casa de Nariño es un fenómeno singular: Él no llegó respaldado por una gran mayoría de ciudadanos porque su triunfo electoral fue exiguo, apenas suficiente para ganar en segunda vuelta.
Pero, asombra que los colombianos hubieran escogido como su contrincante a un señor Hernández a quien se conocía por haberle dado una cachetada a un concejal de su ciudad cuando era alcalde de Bucaramanga; por estar acusado de ilegalidades que aún no ha aclarado; y por lograr una amplia audiencia a través de redes populares como el tik tok con música y jolgorio.
Todo parece suponer que este señor, que renunció a su curul en el Senado de la República donde por ley debía encabezar la oposición al gobierno, tenía entendederas con la campaña presidencial del señor Petro porque ahora aparece como candidato del Pacto Histórico a la gobernación de Santander.
Quiere esto decir que el sistema político colombiano ha caído en un terrible desbarajuste, hasta el punto de que los partidos políticos son considerados como un mal social. Los candidatos a los diversos cargos de elección son jefes de unas empresas electorales cuya mayor fortaleza es el dinero, prácticamente, sin control, y la corrupción se ha adueñado de la política y ha penetrado tristemente a toda la sociedad que sigue el ejemplo de sus dirigentes.
Esto querría decir que los colombianos no tuvieron alternativa en las pasadas elecciones presidenciales porque ambos candidatos podrían representar lo mismo; o, por lo menos, el señor Hernández, en una actitud que ningún político serio asumiría, decidió abandonar su campaña en los últimos días, cruciales para su candidatura, obedeciendo a una misteriosa razón.
Creo que Colombia está viviendo una catarsis social por la degradación institucional y moral de su democracia, y debe ser un tiempo de rectificación para reorientar a la nación por la vía del desarrollo. Son los dirigentes nacionales, los políticos honestos, los ciudadanos de bien los que deben tomar las riendas del país en democracia, pero en una democracia despojada de los vicios que la han deshonrado últimamente.
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