Las negociaciones con el ELN no pueden perder de vista su razón de ser, porque la paz no es un intangible, sino un bien público materializado en “la gente”, que en los campos espera liberarse del yugo de los violentos para garantizar el control territorial que sostiene sus rentas ilícitas, y en las ciudades está a merced del microtráfico.
Es “la gente” ese principalísimo objetivo, por el que debemos preguntarnos qué espera Colombia de las negociaciones y cuáles deben ser sus prioridades; todo ello a partir de una convicción: Esto tiene que salir bien, pues otra ruptura con el ELN no es una opción.
Del segundo ciclo quedará una agenda acotada y avanzado el punto de “participación de la sociedad en la construcción de paz”, valorado por el ELN como denominador común de la agenda. Sin embargo, siento que la prioridad debe centrarse en encontrar “elementos transformadores” para cumplirle a la Colombia rural que soporta el mayor peso de la violencia.
No es tarea sencilla, porque la participación y las transformaciones en el territorio deben ser, primero: acotadas con realismo, pues la aproximación a la paz total no es cuestión de un día ni responsabilidad exclusiva del Estado o del ELN, sino una construcción social compleja pero alcanzable.
Segundo: deben traducirse en acciones tempranas que le devuelvan la confianza al país, pues cuando la esperanza se pierde, las sociedades, como las personas, caen en comportamientos extremos que las alejan aún más de la paz.
Tercero: deben responder a un diagnóstico realista, no ideologizado ni político, de la Colombia rural olvidada, que nos confirmará que “la paz de la patria pasa por la recuperación del campo”.
Cuarto: Así como la participación de la sociedad debe abrir puertas al entendimiento de la realidad rural, las acciones transformadoras deben impactar los territorios, pues la paz no es solo ausencia de violencia, pero el silencio de las armas es condición para su construcción colectiva, y es en el campo donde generar opciones dignificantes de vida alejará a sus habitantes del narcotráfico y la violencia.
El mejor argumento es el ejemplo y, por ello, convendría emprender un “piloto de paz” en una región golpeada por la pobreza y la ilegalidad, a partir de un modelo de participación que convoque a los actores sociales y oriente una gran Brigada de Acción Integral del Estado y la sociedad civil, para producir transformaciones “medibles” en empleo, escolaridad, salud, etc., y también en reducción de homicidios, extorsión, área sembrada, etc.
A partir de ese mensaje de SÍ SE PUEDE, replicar el piloto requerirá una “gobernanza rural”; una acción diferenciada del Estado para una realidad también diferente, que propicie el progreso y las oportunidades, asestando un golpe a la ilegalidad y la violencia.
Solo así dejaremos atrás el abandono y “la gente” sentirá que, de verdad, la paz está cerca.
