Cúcuta es la tercera ciudad de Colombia con mayor número de migrantes (217.000) detrás de Bogotá y Medellín. El impacto que ha tenido que cerca del 20% de nuestra población haya aumentado en 10 años, se puede ver reflejado en la presión sobre los servicios sociales como educación, salud, transporte, vivienda, seguridad y trabajo. Muchos le han achacado nuestras penurias a ser frontera y promueven que nos olvidemos de nuestra posición geográfica. Sin embargo, que esos debates se den entre ciudadanos del común pasa; pero que esa sea la posición de líderes políticos y líderes de opinión, nos deja en un escenario muy preocupante ante los retos que afrontamos siendo frontera. Aquí el primer problema.
La migración no ha parado, de acuerdo a cifras oficiales hasta el mes de mayo, más de 58 mil personas han ingresado por los pasos fronterizos del área metropolitana, eso sin tener en cuenta las trochas. Contrario a esta realidad, en la frontera se ha dado un desmonte del sistema de atención para la migración pendular y para aquellos que están en tránsito. Un hecho comprobado es el cierre de los Espacios de Apoyo en los puentes Francisco de Paula Santander (Cúcuta) y Simón Bolívar (Villa del Rosario), los cuales tenían como principal objetivo ser un punto de información a la oferta institucional, tener servicios de salud primaria que disminuían la presión sobre el servicio de urgencias.
Segundo, La agenda nacional ha trasladado el tema migratorio a El Darién, y el enfoque ha virado hacia construcción de paz y medio ambiente. Lo que sumado a un escenario global, en el que los recursos están destinados a la atención de conflictos en Europa y la Franja de Gaza, por ejemplo, genera que esa ayuda internacional que recibíamos para complementar las respuestas institucionales, hoy sea escasa y esté supeditada a lo que los territorios logren atraer a través de sus apuestas de inclusión. Aquí el tercer problema.
Los Planes de Desarrollo han sido débiles en incorporar el enfoque migratorio en sus documentos y planes de inversión, tal vez porque existen restricciones presupuestales aún para atender directamente la migración, pero se olvidan que muchos de los vacíos institucionales asociados a la atención se pueden resolver teniendo un plan de desarrollo incluyente, uno que demuestre voluntad de gestionar soluciones a corto plazo con apoyo de los recursos internacionales. Esa disputa por recursos se está perdiendo.
Esto nos lleva al cuarto problema. Venezuela tendrá elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. Expertos advierten de una nueva ola migratoria pos elección, ya sea porque el Gobierno Maduro sea reelegido o la oposición logra acabar con un régimen de más de dos décadas, hay una alta probabilidad de que un nuevo éxodo de migrantes cruce las fronteras buscando protección y tendremos menos herramientas para responder de manera efectiva al reto en el nivel local.
Las primeras respuestas, como sea, las va a tener que dar el territorio y sus autoridades administrativas, por ello se hace necesario que los gobiernos locales generen iniciativas que puedan articular esfuerzos y alinear recursos en pro de una región de frontera más incluyente que sea atractiva para la comunidad internacional en aras de gestionar los fenómenos de movilidad humano, paz, medio ambiente y su relación con el desarrollo.
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