A diferencia de muchos, no creo que la independencia y autonomía de la Corte Constitucional estuviera en juego. Petro tiene solo dos magistrados postulados por él, Fernández y Carvajal, y sobre quienes no hay certeza de que defenderían la Carta Magna frente a una amenaza del aspirante a tirano.

Tampoco creo que la magistrada Balanta fuera de izquierda o petrista. Nada hay en su impecable carrera judicial que indique tal cosa. Pero que el Gobierno decidiera hacerla su candidata mató su aspiración a la Constitucional.

El mejor de la terna, por calidades y carácter, era Jaime  Humberto Tobar. No sacó ni un solo voto. Ganó Carlos Camargo, cabalgando entre los apoyos políticos que construyó como Defensor del Pueblo y el rechazo a la posibilidad de entregarle a Petro semejante triunfo.

En la muenda al Gobierno y la izquierda en el Senado, 62 votos por Camargo y 41 por Balanta, está lo más relevante de la elección. Por un lado, fue resultado de errores evidentes del gobierno, entre ellos las agresiones de Petro contra Dilian Francisca Toro, lo que le costó el apoyo de la U, y la amenaza contenida en el trino en que afirmó que “la elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”.

Por el otro, refleja el miedo de la oposición al grosero propósito de Petro de controlar la Corte y que desde ahí le avalarán alguna jugada seudo jurídica destinada a quedarse en el poder.

En cualquier caso, la votación prueba que Petro perdió definitivamente las mayorías en el Senado. No es un asunto menor. Ratifica la independencia del Congreso y permite suponer que en el Senado votarán en contra de dos esperpentos que el inquilino de la Casa de Nariño pretende aprobar, la ley de Sometimiento y la Tributaria, uno más dañino que el otro.

El proyecto de Sometimiento es otro esfuerzo más de Petro de complacer a los bandidos. So pretexto de buscar el desarme y la desmovilización de grupos armados ilegales y "estructuras criminales de alto impacto”, es decir bandas estrictamente mafiosas y de delincuencia organizada, está lleno de propuestas de disminución de penas, beneficios y tratamientos favorables para los delincuentes sin que haya certeza de que dejaran de delinquir.

Como cereza del pastel, el proyecto del Gobierno le da la posibilidad a los criminales "de conservar hasta el 12% de los bienes entregados a título individual”. Una operación de lavado de activos. ¿Parte del Pacto de la Picota?
El proyecto es una expresión más de la ruptura de la principio de isonomía, de igualdad ante la ley, para dar dejar en impunidad los delitos de los bandidos y darles beneficios que no tienen los ciudadanos de bien.

En realidad es un incentivo perverso para seguir delinquiendo. Se le dice a los homicidas que sin matan mucho o si lo hacen en grupo no solo no recibirán sanción efectiva sino que el Estado les dará privilegios que no tienen los inocentes. No podemos dejar de insistir en que la democracia y el estado de desarrollo se construyen aplicando la ley y haciendo justicia, no arrodillándose ante los asesinos.

El proyecto de tributaria es confiscatorio, un asalto a quienes trabajan y producen, un incentivo para la informalidad, un golpe a la inversión, un alimento de la inflación y un mazazo a la clase media. El camino es la austeridad, la disminución del gasto en nómina, contratos de prestación de servicios y funcionamiento, y ponerle freno al robo continuado del presupuesto, a la corrupción. No se debe entregar más dinero a este gobierno de ineptos, incompetentes y bribones.
 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .