El 28 de julio de 2025 pasará a los libros de historia como el día en que, por primera vez, un expresidente de Colombia fue declarado penalmente responsable por una juez de la República. Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable de los delitos de abuso de función procesal, soborno a testigos y cohecho, en un proceso que desde su origen ha estado permeado por la polarización, la presión mediática y la instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Si bien es cierto que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, también lo es que la justicia debe actuar bajo el principio de imparcialidad y no convertirse en un arma de persecución ideológica. Este fallo, celebrado efusivamente por sectores de izquierda y figuras del gobierno nacional, más que un acto de justicia parece una victoria política sobre quien fue el mayor opositor de Gustavo Petro y su proyecto de poder.

Pero el proceso no termina aquí. Como lo establece el ordenamiento jurídico colombiano, al expresidente Uribe le asiste el derecho de apelar la sentencia, lo que llevará el caso al conocimiento de un tribunal de segunda instancia. Si dicho tribunal confirma la decisión, aún subsiste la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación, a través del cual la Corte Suprema de Justicia decidirá en última instancia si hubo o no una verdadera transgresión al derecho sustancial o al debido proceso.

Además, algunos expertos han señalado que, si no se le imprime celeridad al proceso, podría incluso ser archivado en el mes de octubre, lo que representaría un giro inesperado en este caso que ha mantenido dividido al país por más de cinco años.Este no es un juicio cualquiera. Es un juicio con profundas implicaciones jurídicas, institucionales y políticas. Se trata de un precedente que pone a prueba la solidez del Estado de Derecho, pero también la neutralidad del aparato judicial frente a las tensiones ideológicas que han fracturado al país.

El presidente Gustavo Petro, con su habitual discurso de superioridad moral, ha criticado a la derecha por señalar este fallo como político, pero ha sido él mismo quien ha deslegitimado decisiones judiciales, atacado jueces y promovido un lenguaje cargado de odio y división. Hablar de justicia desde el púlpito del poder, mientras se niega la separación de poderes, es una contradicción que no puede pasarse por alto.

Hoy, más que nunca, quienes creemos en las instituciones, en la libertad y en los principios democráticos, debemos alzar la voz. No para desconocer la justicia, sino para defenderla de la manipulación política. Este fallo no puede convertirse en la piedra angular de una izquierda vengativa que busca perpetuarse en el poder con base en el desprestigio del adversario. A Uribe le espera aún el camino del derecho: apelación y, si es necesario, la casación. Confiamos en que los tribunales superiores actúen con independencia y sensatez, sin presiones mediáticas ni motivaciones ideológicas.

La esperanza no muere. La historia no se escribe en una sola sentencia. Y el futuro de Colombia no puede depender de una justicia usada como herramienta de revancha. Si Álvaro Uribe sale de este proceso, no será solo un triunfo personal: será la prueba de que la derecha colombiana puede resistir y reconstruirse sin claudicar ante quienes pretenden imponer una justicia a la medida del poder.

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