No se puede entender cómo después de años de estudios, foros, análisis y discusiones sobre los males que aqueja la administración de justicia, en los que han participado todos los sectores relacionados con ella, se insista en un texto que lo único que busca es cambiar el manejo de la burocracia de la Rama Judicial y en nada resuelve sus verdaderos problemas. 

El trámite del Acto Legislativo con el que se pretende reformar la justicia se está embolatando y no porque no exista la necesidad de hacer cambios, más por el diseño de la iniciativa que deja por fuera temas que son medulares para que haya un servicio acorde con las necesidades actuales. 

En los proyectos de reforma presentados en los últimos años se ha fallado tratando de consultar con las altas cortes sobre las propuestas llevadas a los debates para buscar la aprobación. Se requiere analizar las observaciones de quienes se ven afectados por la administración de justicia, con la participación de abogados litigantes y la academia. 

Uno de los temas incluidos en el proyecto, que más bien podría ser una manera de congraciarse con los magistrados, es la ampliación de sus periodos, pasando de ocho a doce años. Esta propuesta desdice de la necesidad de hacer una renovación en la justicia, si se tiene en cuenta que la edad de retiro forzoso también se extendió hasta los 70 años. Para empezar, si hay quejas de corrupción con el sistema actual ¿cómo será con los magistrados empotrados 12 años en su cargo? 

En Colombia hay más de 316.000 profesionales del derecho, según el Registro Nacional de Abogados, por eso es pertinente una renovación constante que abra las puertas a tantos juristas que pueden hacer aportes importantes al sector público. Los funcionarios que han estado toda su vida en la Rama Judicial deben ser conscientes cuando llague la hora de partir y disfrutar su plan de retiro. 

Descongestionar los despachos es transcendental para optimizar el servicio por lo cual se necesitan más funcionarios. Es inhumano que un juez reciba 300, 500 o más procesos anuales, para cumplir con su labor deberá sacar dos o tres fallos diarios, lo cual se convierte en una tarea imposible. Por eso hay que mejorar la infraestructura y aumentar el número de servidores y eso se hace con más presupuesto. 

La descongestión también involucra reforzar la oralidad, que los jueces y magistrados no dicten cátedra en horas de trabajo, crear una jurisdicción constitucional que atienda entre otros temas las tutelas. Es importante hacer de la conciliación una herramienta eficaz para administrar justicia, hoy es solo un requisito de trámite que no se tiene en cuenta en sus dimensiones reales. En general nadie concilia y lo que es más grave, las entidades del 

Estado prefieren desgastarse en largos procesos con fallos que los obligan a pagar millonarias condenas y exorbitantes intereses, antes que llegar a un acuerdo, aun sabiendo que son responsables de fallas en el servicio y que la contraparte tiene la razón. Esa situación va en detrimento de los recursos públicos. 

Una reforma que busque una justicia pronta y oportuna debe tener en cuenta al usuario. 

Experiencias a nivel mundial han demostrado que las grandes transformaciones se dan de la mano de la comunidad, involucrando al colectivo en la búsqueda de soluciones de sus propios conflictos, son ellos quienes sufren la denegación de justicia, solo volviendo la mirada al ciudadano podría recuperarse la credibilidad en las instituciones. 

@WilsonRuizO