La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde de Medellín y otros servidores públicos por intervención en política, colocó de nuevo sobre el tapete la discusión de esta prohibición legal. En las últimas décadas se presentaron numerosos proyectos de ley al Congreso, con el objeto de levantar esa restricción a los funcionarios públicos. Cuando se aprobó la reelección presidencial en el 2004,y después en los debates de la ley de garantías, distintos sectores políticos consideraron absurdo que el jefe de estado estuviera autorizado a hacer campaña por su reelección, mientras los demás funcionarios del estado no lo podían hacer. Al final no se modificó la norma.
Y mientras la prohibición exista, e incluso se considere una falta penal y disciplinaria su violación, los funcionarios deben cumplirla. En este caso es evidente que los alcaldes de Medellín e Ibagué y sus equipos efectuaron diversas manifestaciones públicas, en las que queda claro cuál es el candidato presidencial de sus preferencias. Nadie duda que han participado en política con sus actitudes, declaraciones a medios y publicaciones en redes. La pregunta es si, además de las simpatías expresadas, se ha utilizado el poder y el presupuesto de sus administraciones para favorecer sus candidatos. En el debate sobre este tema, hay quienes consideran que la sola expresión de apoyo a un candidato no debería ser limitada por la ley y solo castigar la indebida utilización del cargo público para torcer la voluntad ciudadana. Ese es un debate del que deberemos ocuparnos en el futuro.
En esta campaña, como en ninguna otra, la participación abierta de funcionarios públicos ha sido la norma. Con el ejemplo del presidente Duque, los mandatarios regionales se sintieron autorizados a hacer lo mismo. El Jefe de estado y sus Ministros hacen campaña por Federico Gutiérrez, sus declaraciones públicas son cada vez más descaradas e incluso en algunas ocasiones entran en controversia directa con Gustavo Petro y Sergio Fajardo, quienes están en oposición al gobierno. Duque más parece un jefe de partido desesperado ante la inminente derrota electoral, que el jefe de Estado sereno que brinda garantías. Desde hace mucho tiempo no veíamos a un presidente dedicado a hacer campaña de esa manera. El mal ejemplo cunde entonces y ahora se armó el despelote institucional.
La equivocación entonces no es frenar esa clase de actuaciones, sino hacerlo de manera selectiva. El feroz ataque desde las cuentas institucionales de nuestro Ejército por parte del general Zapateiro contra Petro, las continuas posiciones públicas de Duque durante la campaña y su público respaldo al Equipo por Colombia en la consulta y ahora a su candidato Federico Gutiérrez, son hechos inaceptables que no tuvieron ninguna consecuencia.
Pero la mayor participación política de un presidente en décadas sigue sin ser sancionada. Una cosa es expresar públicamente simpatías y otra, mucho más grave, es la utilización del presupuesto nacional para interferir las elecciones de congreso y presidenciales. Eso hizo Duque con la modificación arbitraria e inconstitucional de la Ley de Garantías, que permitió que más de 4 billones de pesos se gastaran en forma ilegal desde noviembre pasado, al amparo de una ley flagrantemente violatoria de la constitución. Duque promovió esa iniciativa y contra todas las advertencias la sancionó, a sabiendas que la Corte Constitucional la tumbaría.
Esa actuación de Iván Duque es el mayor y más descarado acto de intervención en política de un presidente en décadas y constituye un prevaricato claro que denunciamos esta semana en la Comisión de Acusaciones. Seguramente no pasará nada, pero es importante sentar un precedente. En resumen, el ya famoso video de Quintero de “Cambio en primera” y sus trinos son sin duda juguetones como señaló Uribe. El gran problema para Colombia es que las acciones de Duque no tienen nada de juguetonas, ponen en riesgo la institucionalidad del país, que desbarataron en solo 4 años.
