El informe No. 65 del Laboratorio de Economía de la Educación, de la Universidad Javeriana, identificó una realidad muy preocupante: entre enero y julio de este año se han registrado 2.416 nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad y 54.757 entre adolescentes de 15 a 19 años. Para ambos grupos etarios Norte de Santander ocupa la décimo primera posición a nivel nacional con 96 nacimientos en niñas y 2.290 en adolescentes en 2022. Cuando distintos medios de comunicación informaron los resultados, enfocándose en el primer grupo etario, varias feministas expresamos nuestra molestia con la manera tan irresponsable de transmitir la información pues escondían la violencia e impunidad que produjo esta realidad.
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En primera medida: de acuerdo al código penal colombiano en su artículo 208 y 209, cualquier acto sexual con menores de 14 años es considerado un delito y tipificado como acceso carnal abusivo con penas de 12 a 10 años de prisión. Es decir, los 2.416 nacimientos durante este año, y los 4.732 el año pasado en niñas de la misma edad, son producto de una violación pues ellas no consintieron dichos actos y son sujeto de especial protección constitucional. Por ende, deberíamos empezar informando que en lo corrido del año 2.416 niñas han sido violadas, aspecto que el documento evidenció pues señala en su página 2: “es necesario tener presente que los nacimientos de 2021 son productos de relaciones contraídas en el 2020. Los confinamientos y cuarentenas obligatorias aumentaron el riesgo la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, ya que víctimas y victimarios se encuentran en un mismo espacio”.
Es decir, estamos ante escenarios donde niñas han sido violadas por personas cercanas que hacen parte de su núcleo familiar. Múltiples organizaciones sociales advertimos las consecuencias tan delicadas del confinamiento, producto de la emergencia sanitaria de la Covid-19, pues familias enteras quedaban atrapadas con sus agresores y este informe amplía la imagen sobre lo sufrido por las más pequeñas. Pero siguen surgiendo datos más preocupantes pues la edad promedio del padre para los nacimientos correspondientes a niñas de 10 a 14 años fue de 20.7 años, y en 6.9% de los embarazos el hombre era mayor de 30 años. Esto significa que estas violaciones ocurrieron en un contexto de pederastia, el abuso sexual cometido por adultos contra niñas y niños.
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Por último, cabe resaltar que la maternidad de estas niñas no solo fue el resultado de una violación por, en muchos casos un pederasta o familiar, también de la obligación a parir. Estas niñas estaban cubieras por la sentencia C-355 de 2006 (para casos correspondientes al 2021) y la sentencia C-055 de 2022 (para casos correspondientes a este año desde febrero) para abortar pues el embarazo fue el resultado de una violación, lo que además generaría riesgos en su salud física y mental. Sin embargo, ese derecho les fue negado y fueron revictimizadas ahora su círculo más amplio, obligándolas a llevar a término un embarazo que probablemente tendrá como resultado la deserción de sus estudios escolares, la privación del libre desarrollo de su personalidad, los riesgos en su salud integral y el mayor riesgo a caer o mantenerse en ciclos de pobreza.
Quiero cerrar señalando que muchos y muchas congresistas reprocharon la semana pasada el proyecto de ley 229 de 2021 sobre la educación sexual integral en los colegios bajo la falacia de que se va a imponer la “ideología de género”, señalando que este es un rol que le corresponde la familia y no el estado. Sin embargo, las cifras son contundentes: la familia no solo no está cumpliendo con esa función formativa, tampoco con la prevención de violencias contra mujeres, infancias y adolescencia; los hogares no son centros de educación sino de vulneración de vidas y derechos. Esta es una deuda que tenemos como sociedad, no podemos permitir que sus historias se repitan y que ellas queden en el olvido.
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