La situación de los líderes sociales, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, es cada vez más crítica. Las medidas anunciadas de forma reiterada no han sido efectivas ni suficientes para dar protección y garantizar la integridad de quienes defienden causas que benefician a las comunidades.
El Estado no puede ser espectador de una masacre sistemática y selectiva. Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó están entre los departamentos más afectados con la muerte de activistas. Grupos ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, y el Clan del Golfo, entre otras organizaciones, son los autores de los homicidios.
Los líderes sociales se convierten en un obstáculo de las estructuras criminales porque interfieren en sus negocios ilícitos. De ahí que gran parte de estos asesinatos se registran en zonas de influencia del narcotráfico o la minería ilegal. Datos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revelan que desde enero de 2016 hasta abril de 2020 asesinaron a 389 líderes.
Todo parecía indicar que por el confinamiento decretado a raíz del coronavirus se presentaría una suspensión de las acciones violentas, pero en regiones con alta presencia de los grupos al margen de la ley la masacre continúa. Este año han muerto cerca de 60 activistas y en la mayoría de los casos, los sicarios aprovecharon la cuarentena para ubicar a las víctimas en sus sitios de residencia.
De los hechos registrados por Naciones Unidas 371 están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en once tiene competencia la Justicia Especial Indígena y seis están en la Justicia Penal Militar.
Las autoridades del orden nacional, departamental y local deben adoptar esquemas de seguridad y los organismos de control tienen que asumir su función de garantes del derecho a la vida y la integridad, allí tiene una tarea importante el Ministerio Público.
Las investigaciones penales ya están dando resultados. La Fiscalía adoptó medidas como el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación para estos asuntos y la designación de fiscales territoriales en zonas de mayor ocurrencia de los hechos, avanzando en el 54% de los casos con 55 sentencias, 80 en etapa de juicio y 48 en indagación con orden de captura.
Además de judicializar a quienes cometen los homicidios, hay que perseguir a los que dan la orden de disparar, siguiendo las pistas de los motivos de estos asesinatos y de aquellos que se benefician sacando del camino a las personas que lideran a las comunidades con causas sociales.
@WilsonRuizO
