Amables Lectores: se vive una época de difusión de mentiras. Estás se dicen y lo peor se creen muy fácilmente. Se creía que con tanto acceso a la información era muy fácil la constatación de los hechos y este aspecto de no creer en la mentira podía mejorar pero infortunadamente no fue así y solo la repetición de la misma trae más personas a creer en ellas. Las personas creen más en la mentira que circula de boca en boca que en las evidencias.

Los discursos recientes   del presidente y los apoyos que recibe por las redes pueden ser usados como ejemplos de cómo de unas premisas se deduce lo que no se debe deducir y se concluye lo que no se debe concluir. En una democracia, una victoria electoral no es una autorización para reclamar impunidad para delitos previos o posteriores al triunfo. No hay justificación alguna para ponerse por encima de la justicia ni para ser intocables por la misma. Todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes son iguales ante la ley.

Con una gran carga de falsedad alimentada por un gran temor a las actuaciones de la justicia, al señor exfiscal, a la fiscal encargada, a la fiscalía general y a la Corte Suprema de Justicia se les acusa de ser del narcotráfico por estar investigando posibles delitos por ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial y por posible violación de los topes de financiación de la campaña. El gobierno alega que esas investigaciones son un golpe de estado blando. Pero en mi opinión una ruptura institucional sería que la fiscalía no investigara, que la procuraduría no sancionara y que la corte suprema se dejara imponer decisiones por presiones indebidas sean estas violentas o no.

Es falso decir que es excepcional que la corte suprema se demore en nombrar un fiscal en propiedad. Históricamente por cada dos fiscales elegidos ha habido uno encargado. Al presidente Uribe solo le eligieron fiscal después de 17 meses con dos ternas y 20 votaciones, pero nadie alegó golpe de estado. No se pueden amañar venganza con los presupuestos ni premiar con embajadas a funcionarios que tienen que responder por sus conductas. No se pueden perder los escrúpulos en nombre de una causa.