Caminar por las ruinas de Santander en Villa del Rosario, memoria viva del terremoto de 1875, o recordar las tragedias de San Andrés (2022), Mocoa (2017), Gramalote (2010) o el Eje Cafetero (1999), ratifica que no estamos exentos de contingencias causadas por fenómenos naturales. Pese a este entendimiento, nos preocupamos poco por tomar medidas para gestionar estos riesgos.
El último informe de catástrofes naturales de Swiss Re indica que en 2022 hubo 285 eventos de este tipo en el mundo, los cuales dejaron pérdidas por USD $275 billones. Infortunadamente, solo 45% de esos riesgos tenían la protección de un seguro. El mismo documento señala que 89% de las pérdidas económicas del año pasado en América Latina y el Caribe no estaba asegurada. Detrás de esos porcentajes hay familias, empresas o ciudades que tardarán varios años en recuperar lo que con tanto esfuerzo habían construido o a quienes no les alcanzará la vida para lograrlo.
Y es que parece que ciudadanos y líderes municipales, departamentales y regionales confían en la agilidad del Gobierno Nacional para responder a estas situaciones, olvidando que estos procesos son lentos y que el bolsillo público es limitado. Un vistazo a la duración de la reconstrucción de Gramalote ejemplifica lo recién mencionado.
Ese entorno nos lleva a que, por ejemplo, quienes vivimos en copropiedades omitamos la obligatoriedad de adquirir un seguro para proteger a los bienes comunes. Es decir, ascensores, fachada, zonas verdes o puertas de acceso. También hace que se nos olvide destinar una parte de nuestro presupuesto a proteger nuestros bienes ante estas contingencias.
Asimismo, mientras se pagan las cuotas de créditos de inmuebles o vehículos, adquirimos obligatoriamente un seguro que protege esos bienes. Lamentablemente cuando se cancela la obligación, olvidamos nuestra fragilidad ante los escenarios ya mencionados y dejamos de asegurarnos.
Los recién elegidos mandatarios locales podrían preocuparse y actuar. Ellos, que en algunos casos desean hacerse reelegir o promover a alguien cercano, comprometen ese propósito cuando los ciudadanos carecen de soluciones. Es más, así no les interese seguir en el poder, una tragedia de magnitud considerable hace que la agenda vire hacía la atención de la emergencia, la reconstrucción y la recuperación económica. Esto es una sentencia de muerte a la materialización de programas de Gobierno.
Por eso, y antes de discutir planes de desarrollo, vale la pena revisar lo que se ha hecho en otras partes del mundo para generar resiliencia financiera ante estas amenazas. Quizá el caso más destacado de la región es el de México, ellos desde hace más de 10 años han constituido frecuentemente un bono catastrófico. Además, protegen los bienes históricos que forman parte de su patrimonio cultural y ya tienen un esquema en el que se combina capital público y privado para proteger el Arrecife Mesoamericano, ubicado en la Riviera Maya. Este último también está acompañado de estrategias de conservación y restauración.
En Turquía, Beijing, Vietnam o Guatemala han desarrollado mecanismos que convendría revisar. Generalmente se trata de seguros cuyas indemnizaciones dependen de la materialización de un parámetro definido previamente. Dicho de otra manera, la aseguradora paga cuando, por ejemplo, un sismo supera cierta magnitud en la escala de Richter o la temperatura alcanza determinado nivel. Cualquier iniciativa pasa por generar conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos y la existencia de mecanismos para protegerse.
Ojalá que cuando recorramos la casa de Santander en Villa del Rosario o antes de que la tierra vuelva a temblar, como lo ha hecho recientemente, hayamos recordado la grandeza de nuestra fragilidad y estemos protegidos.
