El empleo militante es la principal estrategia electoral de Gustavo Petro. Se trata de empleo que no aporta, sino que quita. De un colectivo de izquierda que devenga un salario dentro de la estructura del Estado, pero no construye país: no añade productividad ni contribuye al bienestar del ciudadano. Por el contrario, genera un doble costo, pues hace redundante al servidor público de planta, que queda desplazado por personas con mucho menor nivel de conocimiento y experiencia.

El año pasado se suscribieron 703.000 contratos con personas que coparon todos los rincones del Estado. Además de cobrar su sueldo, lo único que se les pide es fidelidad con el Gobierno y con el Pacto Histórico a la hora de votar. El voto asociado al empleo militante, que incluye a los propios contratistas, así como a sus amigos y familiares, puede hacer la diferencia en las elecciones de 2026 –o en la consulta que Petro se propone realizar–.

Más allá de la amenaza que esto significa para nuestra democracia, también hay un problema económico. Muchos de los rubros de donde salen los recursos para estos contratistas corresponden a partidas de inversión, lo cual es un verdadero contrasentido. Es decir, el Gobierno en vez de apoyar la vivienda y la infraestructura utiliza esos recursos para ganar favoritismo y apoyo por cuenta del empleo militante, a un gran costo en términos del crecimiento económico futuro. En la filosofía petrista, ya no son las inauguraciones las que mueven al electorado, es la feria de los llamados supernumerarios.

La forma más directa de medir la magnitud del problema la ofrece el Secop, donde la ciudadanía puede consultar cifras relacionadas con la contratación pública. Esta plataforma, que la creamos durante el gobierno Santos con éxito en materia de transparencia en la contratación, está hoy bajo fuego por parte de un gobierno que parece decidido a arrasar con todo aquello que funcione en el país. Al actual gobierno no le conviene que esta información exista.

En el Secop, al filtrar por modalidad de contratación directa, tipo de contrato por prestación de servicios, causal servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se llega las cifras de lo que comúnmente se conoce como órdenes de prestación de servicios (OPS). En el gobierno Petro (desde el 8 de agosto de 2022 hasta la semana pasada) se han registrado más de 1’800.000 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo bajo la modalidad de contratación directa, por un valor de $ 59,4 billones –es decir, millones de millones– de pesos.

En lo que va corrido de este año (ni siquiera tres meses) ya se han celebrado contratos por $ 14,3 billones de pesos. En febrero se celebraron 140.000 contratos, un absoluto récord histórico.

Para poner esto en perspectiva, en 2018, el último año que ejercí como ministro de Hacienda, hubo en total en todo el año 87.000 contratos (mucho menos de lo que ha hecho Petro en un mes), con un costo de 8,2 billones. Este año, de mantenerse la tendencia del primer trimestre, se suscribirán más de un millón de OPS, con un costo que puede llegar a 30 billones.

Como las entidades no tienen suficiente espacio físico o herramientas de trabajo, está haciendo carrera la figura del "pico y placa" para resolver la falta de escritorios y computadores. El sistema opera bajo la modalidad de turnos, donde un grupo de contratistas se sienta a tomar café desde las 7 a. m. y otro, que ocupa las mismas plazas, llega al mediodía. Ninguno hace nada, por supuesto, porque el asunto no es desarrollar una función, sino recibir un pago a cambio de algún tipo de compromiso político.

Es hora de denunciar el empleo militante y de acabar con esta repulsiva práctica. Lo que está en juego es la solidez de la democracia. Los entes de control deberían apersonarse de este problema y, ellos mismos, dar ejemplo. El gobierno que se eligió con las banderas de la renovación política lo que hizo fue convertir el intercambio de votos por puestos en su principal estrategia electoral. Qué contrasentido.

@MauricioCard

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