Jesús Santrich fue trasladado el jueves en la noche a la sede de Caminos de Libertad, una fundación que depende de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal que, según el Ministerio de Justicia, solicitó el traslado junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
A pesar de mis esfuerzos de verificar directamente si la versión del MinJusticia es cierta, no pude comprobar si la Conferencia había hecho la solicitud o solo había aceptado a Santrich en su fundación.
No es un punto menor, dada la polémica que se armó en torno al movimiento y al palo que le están dando a la Iglesia Católica en las redes.
Sea primero aclarar que no es verdad que el internamiento de Santrich en una casa de una fundación del Episcopado lo pone a salvo de su extradición.
No sería cierto ni aunque estuviera en la sede misma del Episcopado. Todas las instalaciones de la Iglesia Católica en nuestro país son parte del territorio colombiano y en ellas se aplica la ley nacional.
Ocurre además que el Concordato, tratado internacional celebrado entre el estado colombiano y la Santa Sede, está en un curioso limbo jurídico desde la sentencia C-027 de 1993, muy parecido al del tratado de extradición con los Estados Unidos, por cierto, cuya ley aprobatoria fue declara inconstitucional el 12 de diciembre de 1986 por una Corte Suprema de Justicia cobarde y amedrentada después del asalto del Palacio de Justicia por parte del M-19, asalto del cual se siente tan orgulloso y conoce tanto Gustavo Petro.
Pero no quiero desviarme. Resalto que solo la Nunciatura es, para todos los efectos jurídicos, territorio de la Santa Sede y que Santrich no puede solicitar asilo recluido en esa fundación.
De manera que ni Santrich es un refugiado ni es un asilado: es un recluso más.
O debiera serlo. Porque los crímenes de narcotráfico que se le atribuyen fueron cometidos después del 1 de diciembre de 2016, pasada la firma del pacto con las Farc, y, por tanto, no pueden ser indultados o amnistiados ni ser objeto de beneficio alguno. El tratamiento a Santrich debería ser igual al de todos los reclusos en Colombia solicitados en extradición, con la única diferencia de que la sección de revisión de la JEP debe verificar que los hechos atribuidos efectivamente ocurrieron después de ese 1 de diciembre.
Lo controversial, sin embargo, es que el traslado de Santrich a la Fundación es cuestionable tanto desde una perspectiva ética como desde la jurídica. Rompe el principio de igualdad para darle un tratamiento privilegiado a quien no lo merece. A quienes sostienen que la captura de Santrich pone en peligro el proceso con las Farc hay que repetirles que la principal garantía de ese proceso debe ser que los guerrilleros beneficiados no vuelvan a delinquir y que, si lo hacen, se les aplique toda la fuerza de la ley.
Es intolerable que a los guerrilleros de las Farc se les extienda hacia el futuro la impunidad que el pacto les garantiza sobre sus crímenes pasados. Semejante patente de corso tendría efectos devastadores. Y solo confirmaría que Santos le ha dado bendición a lo que tememos muchos: las Farc, o al menos un sector mayoritario, están jugando a la combinación de las formas de lucha y, mientras que le sacan jugo a todos los regalos del pacto, mantienen su actividad criminal. Las “disidencias” no serían sino parte esencial de su juego estratégico. El narcotráfico la principal fuente de financiación del mismo. Y los acuerdos en materia de narcotráfico consignados en el pacto, un instrumento para proteger y, de hecho, fomentar el negocio. Vivimos en un mar de coca.
Por eso resulta fundamental aclarar todas las dudas. El Gobierno no debe dar tratamiento privilegiado a Santrich. La Fiscalía no puede dar la apariencia de que lo capturó solo por presión de los Estados Unidos. Y aunque sé que muchos obispos no están de acuerdo con lo ocurrido, la Iglesia no debe enviar el detestable mensaje de que hace consideraciones humanitarias solo cuando se trata de criminales de las Farc. Erosiona su base social y la fe de sus feligreses. (Colprensa).
