Colombia, tierra de diversidad y resiliencia, se enfrenta al desafío de construir un futuro más equitativo. En este camino, las mujeres rurales emergen como protagonistas, con un potencial transformador. Sin embargo, para liberar ese potencial y diseñar acciones efectivas, necesitamos un insumo fundamental: información precisa y detallada.

Se estima que hay más de 5.760.000 mujeres rurales en Colombia. Mujeres que trabajan la tierra, cuidan a sus familias y dinamizan las economías locales. Pero su realidad está marcada por la desigualdad: el 64% de las mujeres rurales que trabajan en agricultura tienen bajos ingresos, y en 2021 recibieron créditos por un total de $1.856 millones de pesos, en comparación con los $4.624 mil millones que obtuvieron los hombres.

La tierra, fuente de sustento y poder, sigue estando mayoritariamente en manos de hombres (64%), dejando a las mujeres con apenas el 1% de los predios mayores a 200 hectáreas. Esta exclusión se refleja en las cifras de pobreza multidimensional (27,8% de los hogares rurales con jefatura femenina) y desempleo (37,1% para las mujeres rurales).

Diversos estudios nos muestran que esta desigualdad es multidimensional. A pesar de los avances en inclusión financiera, las mujeres rurales enfrentan mayores barreras que sus pares urbanas en el acceso y uso de productos financieros.

Su potencial emprendedor se ve limitado por la falta de financiamiento, la carga de las labores de cuidado y las barreras para acceder a mercados y tecnología. La brecha digital y la violencia de género, en particular la violencia económica que afecta al 95% de las mujeres rurales, profundizan aún más esta desigualdad.

Para transformar esta realidad, necesitamos datos precisos y desagregados que nos permitan comprender la complejidad de la situación de las mujeres rurales. Necesitamos saber cuántas son, dónde están, qué hacen, cuáles son sus necesidades y aspiraciones. Solo así podremos diseñar políticas y programas que respondan a sus realidades y que impulsen su empoderamiento económico y social.

El camino hacia la equidad y el desarrollo sostenible en la Colombia rural exige acción conjunta. El sector público, el sector privado, las fundaciones, la academia y las organizaciones de la sociedad civil deben unir esfuerzos de manera decidida. Esta colaboración debe centrarse en la generación y el intercambio de información de calidad, que sirva como base para la co-construcción de soluciones innovadoras con las propias mujeres rurales.

Estas soluciones deben implementarse en áreas clave que incidan en su empoderamiento y bienestar. Esto incluye el emprendimiento, donde se requiere un apoyo integral, que abarque desde el acceso a financiamiento y mercados hasta la capacitación y la asistencia técnica para fortalecer sus negocios.

La inclusión financiera es un pilar fundamental, que implica el diseño y la oferta de productos y servicios adaptados a sus necesidades, considerando sus ciclos productivos, sus formas de ahorro y sus particularidades culturales. Asimismo, la educación financiera, a través de programas con enfoque de género, juega un papel crucial en la promoción de la autonomía económica.

También es esencial abordar otras dimensiones que limitan su desarrollo, como la prevención de la violencia de género, con estrategias que atiendan las causas y consecuencias de la violencia económica y otras formas de violencia, para garantizar su seguridad y bienestar. Finalmente, el acceso a la tecnología y la alfabetización digital se presentan como herramientas poderosas para que puedan aprovechar las oportunidades de la economía digital y conectarse con el mundo.

Las mujeres rurales no solo son el presente, sino también el futuro de Colombia. Invirtiendo en ellas, haciéndolas visibles, estamos invirtiendo en el desarrollo sostenible de todo el país.

*Presidente de la Fundación WWB Colombia.

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