En esta columna hemos subrayado varias veces la diferencia existente entre lo proclamado por las disposiciones constitucionales y la dura realidad que afrontan muchos colombianos. Una clara muestra de la distancia entre la teoría y los hechos concretos es la relacionada con el alto número de niños que, sin cesar, están falleciendo en nuestro territorio por causa del hambre y la desnutrición.
La Carta Política de 1991 comienza por declarar, en su artículo 1, que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado -ante todo- en el respeto a la dignidad humana. Al tenor del artículo 5, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. El 13, que consagra el derecho a la igualdad, ordena al Estado promover las condiciones necesarias para que ella sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Y termina ordenándole que proteja especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
De manera específica, el artículo 44 de la Constitución prevé como derechos fundamentales los que corresponden a los niños, entre ellos “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada”. Dice que “serán protegidos contra toda forma de abandono”, que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, y plasma el principio según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Pero la realidad es otra muy distinta: según informe de la Defensoría del Pueblo, durante el año pasado la desnutrición causó la muerte de por lo menos 308 niños menores de cinco años en Colombia durante 2022, el registro más alto de los últimos cinco años, especialmente en la Guajira y en el Chocó.
En diciembre de 2022, el presidente Petro lamentó públicamente, y llamó la atención de sus funcionarios, al comprobar que se había producido la muerte de 20 menores de la etnia Wayuú por desnutrición, y dispuso la adopción de un plan de urgencia con el objeto de afrontar esa terrible realidad. Pero unas pocas semanas después, en enero de 2023, fallecieron siete menores por desnutrición, y, a estas alturas del año, siguen los decesos infantiles por la misma causa.
Un reporte de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud (INS) señala un incremento de los indicadores entre 2022 y 2023. Y cabe recordar que, en julio de 2022, aunque la administración anterior no lo reconoció, la FAO -en el informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’- incluyó a Colombia en el grupo de los 63 países en que hay mayor desnutrición.
Sería injusto culpar al actual Gobierno, pues el descuido y la falta de conciencia estatal son de vieja data. Pero, ante tan desolador panorama se espera -ahí sí- un cambio, con miras a cristalizar un verdadero Estado Social de Derecho y que se cumpla la Constitución.
