En estos días un excombatiente de las FARC, que lidera el espacio territorial de Tierra Grata en el Cesar, planteó en un encuentro promovido por la ONU una disruptiva y controvertida propuesta: Declarar que los 4 años del gobierno de Iván Duque no habían existido en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz y, en consecuencia, ampliar su vigencia hasta el 2034.

La idea, difícil de concretar desde el punto de vista jurídico, contiene un mensaje político contundente y poderoso. Perdimos 4 años valiosos para La Paz de Colombia, en manos de un presidente que nunca comprendió su responsabilidad histórica y dedicó su mandato a sabotear el acuerdo en sus primeros años, que son los cruciales en la compleja tarea de construcción de paz en los territorios.

Nada que hacer con el tiempo perdido y ahora es esencial recuperarlo en el nuevo gobierno de Petro, quien ha reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo con las FARC. Para garantizar el éxito de esta tarea, es indispensable revisar la decisión de eliminar la consejería del posconflicto.

Es monumental el esfuerzo de coordinación que debe hacer el estado para hacer realidad la reforma rural, la inversión en los PDETS o el PNIS, y el Alto Comisionado no tendrá el tiempo necesario para asumir esa responsabilidad. Su ocupación primordial será conversar con los distintos grupos armados ilegales con los que se exploran negociaciones de paz.

El sentimiento del desmovilizado de la FARC lo compartimos los habitantes del Norte de Santander. Los cuatro años del gobierno Duque fueron perdidos para esta frontera. En los últimos 4 años crecieron la violencia y la pobreza, como consecuencia de su equivocada política frente a Venezuela.

La ruptura de relaciones y de toda comunicación con el país vecino, el concierto humanitario de la frontera con la intención de tumbar a Maduro y el cierre de los consulados en ambos países, permitieron que las mafias criminales se apropiaran de las trochas ilegales en las que se cometen a diario toda clase de delitos y violaciones a los derechos humanos de colombianos y venezolanos. La decisión de ambos gobiernos de cerrar los puentes legales, provocó que la integración de antes fuera reemplazada por el delito, la violencia y la corrupción a un lado y otro de la frontera.

Mañana termina, entonces, esa oscura y vergonzosa etapa en la historia de ambas naciones en la que las decisiones de Caracas y Bogotá afectaron en forma grave la vida de millones de habitantes del Táchira y Norte de Santander. Comienza una nueva era en las relaciones binacionales y ambos gobiernos aciertan al avanzar en el proceso en forma gradual.

En muchos aspectos se deberá comenzar de cero y lo primero es reconstruir la confianza que se dañó. Para asegurar que salga bien hay que aplicar el viejo adagio popular de ir “lento pero seguro”, o mejor aún, “sin prisa pero sin pausa”. Y abordar de manera integral este restablecimiento, que no será igual al de hace 12 años, cuando Santos y Chávez recompusieron las relaciones tras el mandato de Uribe. Ahora hay 2.5 millones de migrantes venezolanos en Colombia que en esa época no existían y esa sola circunstancia cambia la ecuación.

No debe existir tema vedado en las nuevas relaciones. La apertura de los puentes es solo un primer paso, al que tendrán que seguir conversaciones muy serias en materia de cooperación judicial y de seguridad, integración fronteriza, comercio, turismo, inversión y migración, si queremos arrancar con bases sólidas.

Tiene así Petro el gran desafío de recuperar el tiempo perdido con Venezuela, así como con la implementación del acuerdo de paz. Algunos críticos más duros del gobierno anterior señalarán que en muchos otros temas sucede lo mismo. Pero en estos dos frentes el balance de Duque es especialmente desolador, por lo que no solo se trata del tiempo que se perdió, sino de arreglar todo el daño que en su mandato nos hizo “el perfeccionista”.