Mi afición por el control fiscal data de la misma expedición de la Ley 42 de 1993 marco y desarrollo de los artículos 267 a 274 de la Constitución Política. Y la reafirmé por haber estrenado el Decreto Ley 272 de 2000, ocupando dos de las más importantes direcciones de la Auditoría General de la República, AGR, la de Estudios Especiales y Apoyo Técnico y la de Control Interno en el periodo de Álvaro Guillermo Rendón.
En la primera de las direcciones trabajamos arduamente con la Auditoría del Canadá en la propuesta de un moderno modelo de control fiscal. De tal ejercicio, nos quedó la persuasión canadiense, que era necesario despolitizar el control fiscal e invertir los resultados pasando del reproche a los estímulos y al buen gobierno y fortalecer el control social. Es difícil vencer el pesimismo sobre la función de este control, pero a veces aparecen luces que dejan mirar un buen futuro.
El doctor Silvano Serrano llegó a la Contraloría General del departamento, luego de un periodo cataléptico de la entidad, relativamente largo y pasivo. Todos lo miramos con cierta reserva por sus lealtades políticas, pese el conocimiento que teníamos de su capacidad de estudio y su preparación Esapista. Y sí, en el corto tiempo que lleva, nos ha agradado con varias acciones, que, si las culmina, seguramente cambiará el modelo de la gerencia pública regional.
Decía que una de las inquietudes de la Auditoría Canadiense que nos asesoró en 2000, era el desarrollo y el fortalecimiento del control social. Silvano ha venido proponiendo y desarrollando ese fortalecimiento, para que los ciudadanos del común, los de a pie en las barriadas y en las veredas, los urbanos y los rurales, se capaciten en el conocimiento del Control Fiscal, y vigilen y cuiden la “platica” de la gente. No conozco a fondo como es la práctica pedagógica, de esa capacitación, pero me imagino que él que es un hombre de buenas intenciones e imaginación, la esté puliendo cada día.
En aquellos tiempos de la AGR, “craneamos” un programa llamado de “auditores comunitarios”, por muchos sectores del sur de Bogotá, con talleres en las escuelas, con formatos para diligenciar y con estímulos, entre ellos, como entregarles un diploma o certificación como “Auditor” o “contralor” comunitario. La Contraloría del Distrito adoptó la pedagogía con muy buenos resultados.
El problema del control social, es que hay que acompañarlo de presupuesto para que no se marchite. Generalmente, los líderes comunitarios son luchadores románticos, de muy escasa o sin ninguna capacidad económica. Hay que dotar una oficina en esta capital, y lograr convenios con cada municipio, para que a ellos se les suministre medios para el fotocopiado, el transporte urbano, una mínima ración alimenticia, y puedan elevar las quejas, los denuncios, hacer el seguimiento de los mismos, y sobre todo que se multipliquen los funcionarios que como Silvano, que les den la importancia que se merecen.
La verdad es que esta nueva versión del control fiscal nos produce satisfacciones.
Doy fe que esta modalidad es eficiente. Elevé una queja, y a los ocho días me respondieron que habían ordenado una auditoría exprés. “Ojalá aparezca la “platica” de las fotomultas”.
Adenda. Se agradecer a la Procuraduría Regional y Provincial, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría del Departamento, la respuesta a mis quejas.
