Escribo estas líneas con una inquietud creciente y con el temor de que mis palabras puedan, de algún modo, poner en riesgo mi estadía en los Estados Unidos. No es una exageración. En las últimas semanas, he presenciado un torbellino de noticias —algunas verídicas, muchas distorsionadas o sacadas de contexto— que alimentan un clima de confusión, vulnerabilidad y desinformación en torno a las políticas migratorias y las condiciones de estudiantes internacionales e investigadores visitantes. Ese clima de miedo, amplificado por discursos extremistas y decisiones arbitrarias, puede ser el preludio de un autoritarismo que avanza disfrazado de restauración nacional.
La situación actual de los programas de intercambio académico es un síntoma preocupante de este deterioro. El programa Fulbright, símbolo histórico de la diplomacia cultural de Estados Unidos, atraviesa una crisis que parece terminal. El Departamento de Estado ha congelado arbitrariamente el desembolso de fondos vitales, mientras que las agencias encargadas de permisos de trabajo carecen del personal suficiente para procesar las solicitudes. Según el ICEF Monitor, esta parálisis institucional no solo afecta a Fulbright, sino a miles de estudiantes brillantes atrapados en un limbo, sin respuestas claras ni condiciones dignas.
El caso de Rümeysa Öztürk, una estudiante turca de 30 años y becaria Fulbright en la Universidad de Tufts, es ilustrativo. El 25 de marzo de 2025, mientras se dirigía a una cena para romper el ayuno del Ramadán, fue interceptada en plena calle por agentes federales encubiertos con el rostro cubierto. Un video del arresto muestra cómo seis individuos la rodean, le quitan el teléfono y la esposan, mientras ella grita aterrorizada. Los agentes, al ser cuestionados por un transeúnte, se identifican como policías, aunque su apariencia sugiere lo contrario. ¿Por qué llevaban el rostro tapado si actuaban bajo la legalidad? ¿A quién representa un Estado que opera desde las sombras?
Posteriormente, Öztürk fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado fuera de Massachusetts sin previo aviso. El Departamento de Seguridad Nacional la acusa de apoyar a Hamás, aunque no ha presentado pruebas concretas. Su supuesta infracción: coautoría de un artículo de opinión en el periódico estudiantil que instaba a la universidad a reconocer el “genocidio palestino” y a cortar lazos con empresas vinculadas a Israel. El Secretario de Estado Marco (canciller) Rubio defendió la revocación de su visa, declarando que: “Le dimos una visa para venir a estudiar y obtener un título, no para convertirse en una activista social que destroza nuestros campus universitarios”.
Esa frase debería helarnos la sangre. Porque lo que está en juego ya no es solo una visa o una beca, sino el derecho a pensar críticamente, a participar en la vida pública, a disentir sin ser criminalizado.
Lo mismo dirán de mí en poco tiempo, si este clima se consolida. Dirán que no vine a estudiar, sino a conspirar. Que usé mi voz. Que dediqué parte de mi tiempo —además de cumplir con mis obligaciones académicas y profesionales— a reflexionar críticamente, a escribir, a participar en debates públicos, a señalar lo que considero injusto. Que cometí el crimen de pensar.
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