Lo acontecido en días recientes debe llamarnos a la reflexión. Que, en palabras de una congresista, el objetivo de su partido consista en no permitir que el presidente de la República dure en ejercicio los cuatro años para los cuales fue elegido; que el fiscal saliente se haya enfrascado en un enfrentamiento político y personal con el presidente; que éste haya reaccionado, llamando al pueblo en su defensa, sobre la base de entender que, en su contra, se fragua un golpe de Estado, no son hechos de poca monta, desde la perspectiva del Derecho.

Esta columna de opinión no asume papel de defensa del jefe del Estado, ni de sus ejecutorias, programas y propuestas, ni tampoco se hace cargo de sustentar, apoyar o sustentar los argumentos de la oposición. Se limita a expresar su criterio jurídico en favor de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.

No vacilo en afirmar, como ciudadano y como demócrata, que los aludidos acontecimientos y varios más -públicamente conocidos-, generados por la enorme polarización política existente, son graves y no pueden pasar inadvertidos. Nos deben preocupar en alto grado. De por medio está, nada menos, el futuro de la República. Nos llevan a pensar que, si dichas actitudes se prolongan y se agravan, puede haber efectos indeseables para nuestra democracia.

Por eso, es necesario dirigirnos a todos los sectores, así como al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía y a los órganos de control, a los medios y a quienes participan en las redes sociales, para hacer un llamado a la cordura, al mutuo respeto, a la sindéresis, a la ecuanimidad.

Ese llamado es un deber de quienes, en nuestros modestos escritos y en el ámbito académico, podemos ser escuchados por la ciudadanía y por la dirigencia. La Constitución y las leyes deben ser acatadas, no sustituidas por las vías de hecho.

Las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes tienen funciones constitucionalmente definidas, y deben actuar exclusivamente dentro de sus límites. No pretenda el Gobierno que todas sus iniciativas y políticas cuenten con total y pleno apoyo, porque esta es una democracia deliberativa que permite la diversidad de criterios y reconoce derechos a la oposición.

A la vez, la oposición sabe que los programas y criterios triunfantes en las elecciones presidenciales no son iguales a los suyos, ni a los que predominaron en administraciones anteriores. Y lo normal es que el Gobierno los prohíje y ejecute. Es lo propio de la democracia. Pero eso no debe dar lugar a torpedear y  bloquear todo, por provenir del Gobierno, y menos a buscar por cualquier medio que no termine su mandato, en vez de buscar el diálogo y el consenso, dentro de las instituciones.

Ahora bien, si existen motivos y pruebas, para iniciar procesos o actuaciones contra el Ejecutivo o sus funcionarios, la Constitución y la ley contemplan jurisdicciones y procedimientos que los órganos judiciales deben tramitar, dentro de sus competencias, en Derecho, no a título de oposición política. Con imparcialidad y objetividad y respetando las garantías y el debido proceso.

Es lo razonable y lo democrático. Volvamos a la razón y a la institucionalidad. 

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