Los amigos del gobierno en las últimas semanas denunciaron indignados las maniobras de sectores de la oposición para impedir la aprobación de la reforma pensional, bandera política del Pacto Histórico y del presidente Petro. Recusaciones indiscriminadas a parlamentarios, e incluso a bancadas completas; retiros calculados del recinto de la plenaria para desintegrar el quórum impedimentos absurdos de última hora, fueron solo algunas de las acciones emprendidas por los parlamentarios de Cambio Radical y el Centro Democrático con el objeto de dilatar el debate, ganar tiempo y lograr el hundimiento de la reforma. El viernes anterior las mayorías de la Cámara, tras votar los informes de ponencia y algunos pocos artículos, dieron un golpe de mano al acoger el texto del Senado ante la premura del tiempo y la amenaza real de que no se alcanzarían a conciliar los textos de una y otra corporación. Y entonces el libreto cambió. Ya la indignación no provino de los amigos del gobierno sino de líderes de la oposición. En juego se encontraba no solo una reforma pensional, que significa algunos avances en el inequitativo sistema que hoy tenemos, sino una batalla política  para fortalecer o debilitar al Presidente Petro. El gobierno finalmente ganó el pulso y será ahora la Corte Constitucional la que decidirá si se violó o no la Ley 5.

La aprobación de la reforma es una demostración contundente de que el tal golpe blando no existe y que las instituciones colombianas funcionan en forma adecuada. Cada quien cumple con su deber con autonomía e independencia. Hace pocos días el Consejo de Estado, al que no pocos petristas radicales acusan sin sustento de torpedear al gobierno porque ha impuesto medidas cautelares a decretos dictados por el ejecutivo, negó una tutela contra el propio jefe de estado interpuesta por el ex ministro Alejandro Gaviria. La Corte Constitucional en estos dos años ha tumbado leyes importantes de iniciativa gubernamental, como el capítulo de la no deducibilidad de las regalías de la reforma tributaria, mientras ha avalado muchas de sus iniciativas como la política de paz total. Hace unos meses la Corte Suprema de Justicia escogió a la nueva Fiscal de una terna presentada por el jefe de estado. Para no mencionar al Congreso que en estos estos dos años aprobó la reforma tributaria más ambiciosa en décadas, pero frenó el paquete de reformas sociales impulsado por el gobierno, especialmente la reforma a la salud.

Al final la lección para los demócratas es que cuando las instituciones se ponen a prueba demuestran que no son inferiores a las expectativas ciudadanas y garantizan el equilibrio de poderes. Flaco favor hacen entonces al debate nacional quienes acuden a la doble moral, a una posición farisea con respecto a las decisiones de gobierno, cortes o Congreso. El pulso en la pensional lo ganó el gobierno tras año y medio de duras confrontaciones y la iniciativa fue aprobada con numerosas modificaciones que la mejoraron en su paso por el Senado. No podemos olvidar, además, que el Presidente planteó subir en Cámara el umbral a 4 salarios mínimos y su propuesta no tuvo éxito. Ahora, como siempre sucede por fortuna desde 1991 en nuestro sistema de pesos y contrapesos, la Corte Constitucional resolverá. La decisión que adopte en unos meses deberá ser acatada por amigos y contradictores de la nueva reforma.

En cualquier caso, no podemos olvidar que es necesario un cambio en el sistema pensional y lo que tenemos se encuentra muy lejos de ser perfecto. Por el contrario, es un desastre y desde hace décadas se habla de la necesidad de introducir en Colombia el sistema de pilares contemplado en la nueva ley. Seguramente, si la corte la avala, esta reforma requerirá ajustes en los próximos años. Si la llegara a tumbar, será urgente discutir una nueva propuesta, en este o el próximo gobierno. Lo cierto es que lo que hoy tenemos es insostenible e inequitativo con millones de colombianos que hoy no tienen garantizada una vejez digna.

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