En buena parte debido al vertiginoso curso que ha tomado la vida del hombre por el desarrollo de la tecnología, las palabras han ido perdiendo el valor de su real significado, y muchas ideas que contienen conceptos trascendentales se han vuelto lugares comunes.

“Asumir el gobierno” se ha convertido en” tomarse el poder”, de manera que los políticos y sus áulicos tienen en mente que se trata de apropiarse de los bienes puestos al cuidado del gobernante.

Esto, que parece un simple juego de palabras, es el cambio sustancial de la función pública al pasar de ser la prestación de un servicio, a convertirse en el derecho de ejercer la autoridad para beneficio propio.

Puede ser ésta una de las causas más visibles de la corrupción oficial que se expresa vulgarmente en la frase: “Nos tomamos el poder”.

Y, lamentablemente, este fenómeno se presenta tanto en el nivel central como en los niveles regional y local. Los escándalos que registran los medios de comunicación sobre el despilfarro en ministerios, institutos y hasta en dependencias presidenciales, se replican en alcaldías y gobernaciones a la vista de todos.

Además, hay otra distorsión grave debido a que el ciudadano de a pie ha llegado a considerar al político un deshonesto. La intención de llegar al “poder” no es para servir sino para “robar”, de suerte que en la sociedad hay una tácita tolerancia con la corrupción porque todos “son unos ladrones”. La nación colombiana ha caído en esa peligrosa degradación moral.

Ha hecho carrera, también, la tesis de que la violencia es fruto exclusivo de la desigualdad social y la discriminación étnica. No cabe duda de que estos dos factores tienen una incidencia directa en este grave mal de la nación. Pero no son las únicas causas: la codicia; la falta de solidaridad; el tráfico ilegal; la intolerancia familiar, el irrespeto a la ley; la venalidad de los órganos judiciales, etc. inciden en la conducta violenta de los colombianos, y han obligado a las comunidades urbanas y rurales a vivir en un permanente estado de miedo.

Y es preciso afirmar que no es suficiente seguir haciendo el diagnóstico de una sociedad martirizada. Es necesario emprender acciones concretas y eficientes para sacarla de su postración, acciones que corresponde iniciar a la sociedad misma con los mecanismos que otorgan las leyes y el derecho natural.

En la Constitución Política se enumeran los “mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía” (art. 103), a través de los cuales se puede protestar legítimamente por actuaciones del gobierno, producir cambios en la legislación, aprobar o desaprobar actos gubernamentales…Y, naturalmente, ejercer el voto para elegir a sus mandatarios, tristemente, función que se ha degradado de tal manera que ya no parece un derecho ciudadano sino una farsa democrática.

En el derecho natural existe otro mecanismo enunciado por eminentes filósofos que es “la desobediencia civil”, que consiste en no cumplir un mandato oficial si éste atenta contra la libertad, la dignidad humana o el derecho de propiedad legalmente adquirido.

ramirezperez2000@yahoo.com.mx

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