En Colombia, muchas campañas se han construido sobre una promesa sencilla y poderosa: “vamos a bajar los impuestos”. Entre ellas, eliminar o reducir el IVA se convirtió en una bandera que ilusionó a millones de colombianos y, de manera especial, a miles de familias de Norte de Santander, un departamento que vive del comercio, la construcción, el carbón y el consumo interno. Hoy, esa ilusión choca de frente con la realidad: el IVA pasó del 5 % al 19 % en sectores clave, a través del Decreto 1474 de 2025 expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El decreto, presentado bajo el discurso de la emergencia económica y la solidaridad, introduce una serie de nuevos impuestos y aumentos que están encareciendo la vida diaria. Se incrementó el IVA a licores y cigarrillos del 5 % al 19 %, se creó un nuevo impuesto a los vapeadores, se gravaron los envíos postales por internet en plataformas como Temu y Amazon reduciendo el mínimo exento de 200 a 50 dólares, se elevó al 19 % el IVA de las apuestas en línea, se endureció el impuesto al patrimonio, se aumentó en 15 puntos la sobretasa a la banca —dejando su carga cercana al 50 %— y se impusieron más tributos al petróleo y al carbón, incluso prohibiendo reducir las regalías.

Más allá de los tecnicismos, el efecto es claro: Colombia se está volviendo un país más caro. Cada nuevo impuesto se traduce en precios más altos, menos ventas y mayor presión sobre quienes producen y generan empleo. Y aquí hay una verdad que no se puede esconder: el IVA no lo paga el Estado, lo paga la gente. Primero el empresario o el comerciante, y después el ciudadano común cuando compra un producto básico o un servicio cotidiano.

En Norte de Santander, el impacto es aún mayor. Este territorio depende del sector de la construcción, del comercio fronterizo, del carbón y del impuesto al consumo de licores. Solo en 2025, el departamento recaudó cerca de 18 mil millones de pesos por este concepto, recursos destinados a salud, educación y funcionamiento institucional. El decreto centraliza estos ingresos y debilita la autonomía territorial, dejando a los departamentos con menos herramientas para atender sus propias necesidades.

Pero también hay una responsabilidad política que no puede ignorarse. Resulta preocupante el silencio del senador Alejandro Carlos Chacón Camargo, quien en campaña habló de eliminar el IVA y generó expectativas reales en miles de familias. Hoy, frente a un aumento histórico del impuesto, no existe un pronunciamiento oficial en sus redes ni en audiencias públicas. Las promesas que no se defienden ni se explican terminan siendo solo discursos de campaña.

Esta columna no busca atacar personas, sino invitar a una reflexión profunda. El ciudadano no debe votar porque le prometan una casa, porque le digan que le van a eliminar el IVA o que le van a pagar las deudas. Eso no es sostenible ni responsable. El colombiano debe votar por oportunidades reales: empleo digno, educación de calidad, un sistema de salud que funcione y condiciones para que los territorios progresen sin depender de regalos.

Las promesas pueden emocionar, pero la realidad se siente en el bolsillo. Y cuando la política juega con la ilusión del ciudadano, lo mínimo que merece el país es memoria, coherencia y responsabilidad.

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