La sensación de inseguridad e indefensión se apoderó de los cucuteños. Aparecemos de nuevo en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, las autoridades de USA prohíben a sus nacionales venir a Cúcuta y las autoridades locales no se dan por enteradas. Hay una evidente crisis de liderazgo para enfrentar la difícil situación. Las últimas declaraciones del alcalde reconociendo su incapacidad son decepcionantes. En Colombia se nos volvió costumbre atribuir las responsabilidades en materia de seguridad al gobierno central. Aunque en la Constitución Nacional se determina que el alcalde es el jefe de policía de su respectivo municipio, los mandatarios locales en su gran mayoría resuelven que la seguridad es un problema del gobierno nacional.

Es una equivocación y un problema de cruce de competencias que debe resolverse. Por cuenta de una tradición centralista en el manejo del orden público y en la propia estructura de nuestra Policía, los alcaldes pasan la pelota al gobierno nacional, que su vez por desconocimiento, ausencia de voluntad o de capacidades, no tiene forma de solucionar los líos de seguridad de cada municipio, que además son de naturaleza distinta. Son pocas las administraciones locales que invierten en seguridad. Muchos alcaldes lo consideran innecesario, que es una obligación del gobierno central y prefieren orientar sus inversiones a la salud, educación o vías. En Cúcuta lamentablemente ocurre eso. Especialmente en este mandato que termina tuvimos una administración ausente e indiferente frente a la inseguridad que padecen sus gobernados. No se volvió a invertir en el bienestar de los policías, en movilidad, en tecnología, inteligencia, cámaras de seguridad o estaciones de policía. Tampoco se presentaron proyectos de inversión al gobierno central.

Es cierto que la migración ilegal y la crisis social del Catatumbo agravaron la situación y que el gobierno no atiende en forma adecuada la difícil situación de la ciudad, que debería tener un foco especial por parte del Ministerio de Defensa y los altos mandos militares, pero también es cierto que la ciudad requiere un líder que asuma sus responsabilidades, tome decisiones políticas y presupuestales, meta en cintura a los comandantes de Ejército y Policía y exija resultados operativos. Los cucuteños no podemos seguir con esa sensación de intranquilidad e inseguridad cuando salimos a las calles o incluso cuando estamos en nuestras casas. La juventud no puede seguir expuesta en las distintas comunas a las bandas criminales del microtráfico, que generan violencia indiscriminada.

El próximo alcalde de Cúcuta debe ponerse la camiseta de la seguridad y comprometerse con la ciudadanía a que su principal propósito será sacarnos de las deshonrosas listas internacionales en las que ahora figuramos. Debemos ser todos conscientes de lo que significa para la ciudad que el gobierno de Estados Unidos nos incluya, con Arauca y Cauca, en la lista de regiones de Colombia que prohíben visitar o que estemos entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Así no habrá posibilidades de incentivar el turismo y la inversión o aprovechar la apertura comercial con Venezuela para generar empleo y oportunidades. Caemos en un círculo vicioso de falta de oportunidades para nuestros jóvenes porque no hay seguridad y la imposibilidad de garantizar la seguridad porque la gente no tiene opciones de vida. Para desatarlo necesitamos un alcalde que asuma con carácter, decisión y eficacia su tarea de líder de seguridad en la región. Eso no lo hará el Gobierno Nacional.

Llegó la hora, entonces, de que los numerosos candidatos a la alcaldía y los pocos a la gobernación, presenten sus ideas y propuestas de seguridad. Los mandatarios salientes ya no lo hicieron. No podemos seguir en las mismas. La gente espera compromisos serios con la seguridad de la ciudad y el departamento.