A la pregunta ¿Qué pasó en Chile? El excanciller Ampuero inició su respuesta a María Isabel Rueda diciendo “creo que en Chile se han restablecido la sensatez y el sentido común” (El Tiempo 15-5-2023). Una respuesta sorprendente dado el ámbito de polarización política en el que hemos vivido en Latinoamérica. Veamos entonces el trasfondo.
Con amplia favorabilidad, Chile inauguró un gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista encabezado por Gabriel Boric. También aprobó la Convención que debía elaborar una nueva Constitución para reemplazar la originada en tiempos de Pinochet, pese a sus innumerables reformas. Las mayorías “progresistas”, con exuberante “adanismo” proclamaban que Chile iba a ser refundado pues todo lo anterior estaba mal y solo ellos, con una postura moralmente superior a la de la vieja política, podían corregirlo.
Tanto era el predominio de la izquierda en la Convención Constitucional, que las propuestas de la derecha fueron prácticamente desoídas. Al final, la Convención presentó un texto de cuño izquierdista posmoderno: una mezcla del feminismo de Judith Butler con el indigenismo de Evo Morales, adornado de un amplísimo catálogo de derechos.
Pero vino el baldado de agua fría con la votación del plebiscito porque dicho texto fue rechazado por el 62% de los chilenos de todos los sectores socioeconómicos, y ¡vaya paradoja! fue especialmente llamativo el rechazo en la región con mayor presencia indígena (73,8%), pues la mayoría rechazó el indigenismo.
Ahora bien, pese a que para la izquierda chilena radical la culpa fue de la gran prensa aupada por el capitalismo, con un poco más de sentido de la realidad y sensatez, el presidente Boric llamó al gobierno a destacados socialistas, que vinieron a aportar cierta moderación y experiencia política. Había que empezar nuevamente y la mayoría de las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para intentarlo.
Esta vez, un comité de expertos tendría que elaborar un texto sin partir de cero, acordando unos contenidos mínimos. El 7 de mayo debían elegirse los consejeros constitucionales, que, atendida la caótica experiencia anterior, debían ser sólo cincuenta. En este acuerdo no participó el Partido Republicano - derecha radical liderada por Kast- que propende por mantener la Constitución vigente y cuyas principales banderas son el control de la inmigración y la seguridad ciudadana.
Con los anteriores antecedentes, se llevó a cabo la elección de los consejeros constitucionales. Aunque las encuestas anunciaban un triunfo de la derecha, la realidad superó todas las expectativas, porque obtuvo un 56,5 % de los votos, una cifra única en la historia nacional. Sin embargo, la mayor sorpresa fue la nueva correlación de fuerzas en su interior, porque el Partido Republicano superó ampliamente a la derecha tradicional, de hecho, la duplicó.
Su representación le permite vetar cualquier norma, y si se une a la derecha tradicional, podría aprobar lo que quisieran sin consultar a la izquierda, error en el que se espera no caigan. No es por coincidencia que Boric les haya dicho: “no cometan el mismo error que cometimos nosotros”. Y es probable que el consejo sea atendido pues analistas serios sostienen que el amplio apoyo a la derecha para el Constitucional puede deberse más al temor al desorden que a la adhesión a los valores del partido de Kast.
Es que Chile está amenazado por la inmigración ilegal, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo en algunas zonas del país.
De cualquier manera, la situación es paradójica. El partido que se oponía a la redacción de una nueva Constitución tendrá la misión de liderar el proceso que debe reemplazar el texto constitucional vigente. Y si la nueva carta es aprobada, Boric tendrá que estampar su firma y pasar a la historia por una Constitución cuyos términos podrían estar dictados por la derecha.
