Los ceses al fuego pactados por el gobierno con el Eln y las disidencias de las FARC han aumentado la violencia en Colombia. En 2023 se han presentado más de 1.000 violaciones al cese al fuego, y el gobierno sigue prorrogando los ceses. Esto se suma a una política de laxitud con las finanzas criminales como la no erradicación de la coca y brazos cruzados por parte de las fuerzas armadas.
Según el informe de Coordinadora Humanitaria durante el año 2023 se habrían presentado 1.047 violaciones al cese al fuego. Más de 400 violaciones en las regiones Cauca, Caribe y Antioquia. Además el Eln habría propiciado 43 homicidios, 35 secuestros y 12 confinamientos. Incluso el año pasado los líderes sociales asesinados llegaron a 188.
Los Grupos Armados Organizados están llegando a los 20 mil hombres. Cifras cercanas a lo que tenía el país en el 2008. La Defensoría del Pueblo reveló que las disidencias de las FARC pasaron de estar en 230 municipios en el 2022 a 299 en el 2023. El Eln pasó de 189 municipios a 231 municipios. Un documento del Ministerio de Defensa nos revela que el Clan del Golfo pasó de 188 municipios a 210 municipios en 2023. ¿De qué han servido los ceses al fuego?
A estos Grupos Armados Organizados se le deben sumar los 18 Grupos Delictivos Organizados con los que cuenta hoy el país: La Cordillera, en Pereira y Risaralda, Los Flacos y la Banda Local en Valle del Cauca, El Mesa en Cundinamarca, Los Pachenca en Magdalena y la Guajira, Los Puntilleros en Meta y Guaviare, Los Pelusos en Norte de Santander, y otros grupos como los Trianon, Pachelly, Triana, La Terraza, Caicedo o la Sierra en Antioquia.
Las cifras de seguridad consolidadas del 2023 muestran el aumento de la violencia. Las masacres aumentaron en comparación con el 2022 un 8% (100 casos con 331 víctimas), el secuestro aumentó en un 56% (251 casos con 331 víctimas), la trata de personas en un 26% (792 casos), la extorsión en un 5% (10.263 casos), la invasión de tierras un 1% (3.261 casos), los delitos contra el medio ambiente un 25% (3.205) y el hurto a personas 4% (364.531).
Además de los ceses al fuego el gobierno decidió renunciar a la lucha contra el narcotráfico.
Redujeron de 10.500 grupos móviles de erradicación en 2021 a 3.318 en 2023. El presupuesto de la Dirección Antinarcóticos para la intervención de cultivos ilícitos pasó de 240 mil millones en 2021 a 89 mil millones en 2023. Esto tuvo como resultado que la erradicación disminuyera en un 71% en 2023.
La nueva política de drogas- que colocó el gobierno mediante facultad extraordinaria en el Plan nacional de Desarrollo, y que tengo demandada ante la Corte Constitucional-establece que se fortalecerá la interdicción. Sin embargo, no ha sido efectiva. La cocaína incautada viene desde el año 2021 por encima de las 650 toneladas por año, y el gobierno Petro solo logró un aumento de la incautación en el 2023 del 12% con 739,6 toneladas incautadas. No fueron capaces ni de cumplir su propia meta de incautación que era de 835 toneladas para el 2023.
Y la lucha contra otro tipo de financiación ilegal como la minería ilegal tampoco ha funcionado. La incautación de insumos sólidos cayó un 41% en el 2023 con 23.034 toneladas menos incautadas y los insumos líquidos una caída de 25%. La explotación ilícita de minerales ya se encuentra en 323 municipios, especialmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Nariño y Córdoba.
El Ministerio de Defensa afirma que el dato más aproximado sobre cuánto dinero equivale el narcotráfico en el país es el 4.5% del PIB- más de 74 billones de pesos-. Los grupos armados envalentonados con las políticas laxas del gobierno han podido usar esos dineros ilegales para expandirse y someter a la población civil.
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