Las camionetas blindadas 4x4 que recorren las difíciles vías del Catatumbo son un símbolo ambivalente de paz y conflicto en esta subregión. En un territorio marcado por una constante lucha por el control territorial, estos vehículos representan un elemento esencial para la protección y movilidad de lideres(as), funcionarios y agentes que trabajan por la paz y el desarrollo. Sin embargo, esta sensación de seguridad se ve eclipsada por la vulnerabilidad de estos vehículos que son fácilmente identificados y retenidos por actores armados para uso ilegal.

Este fenómeno no solo afecta el patrimonio del estado y agencias de cooperación, sino que también produce afectaciones psicológicas para aquellos que utilizan estos vehículos para cumplir con sus funciones o desempeñar su labor social.

La ambivalencia también se manifiesta en las camionetas y esquemas de seguridad administrados por la Unidad Nacional de Protección, UNP, que han sido descubiertas transportando cocaína o realizando otras actividades ilícitas. Como advierte el investigador Jorge Mantilla, este fenómeno se ha observado principalmente en el Cauca Y Bogotá, develando intrincadas dinámicas entre actores que operan en territorios con gobernanzas híbridas donde operan patrones de comportamiento extralegal.

En efecto, muchas veces son los mismo protegidos los que dan mal uso a los vehículos, fomentando la desconfianza de las comunidades hacia este tipo de esquemas de seguridad, aunque las crisis humanitarias o la precariedad económica también explica este tipo de alianzas sui generis.  

En contraste, hay otros casos en los que la legitimidad de los protegidos es el principal mecanismo de protección. El pasado 20 de febrero, Judith Maldonado, coordinadora territorial de la Unidad de Víctimas, fue retenida por presuntos miembros de las disidencias de las FARC, mientras se desplazaba en una camioneta oficial con su equipo de trabajo.

De este lamentable hecho resulta llamativo que, a diferencia de otros incidentes similares, la camioneta de la Unidad de Víctimas no fue robada, probablemente, debido a la prontitud con la que la funcionaria alertó sobre su secuestro y el consecuente despliegue de la Fuerza Pública que impidió la extracción del automotor.

Sin embargo, quiero pensar que la pronta liberación de la doctora Maldonado y el respeto al vehículo de la entidad también fue resultado de la reacción de diversas organizaciones comunitarias que reconocen la trayectoria de esta líder y defensora de los derechos humanos en el Catatumbo. Fue notable la inmediata solidaridad de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas y líderes sociales que fueron enfáticos en rechazar el secuestro y exigir la liberación inmediata de Maldonado y su equipo.

Oliver Kaplan, en su libro "Resistir la Guerra. O cómo las comunidades se protegen a sí mismas", destaca la importancia de los mecanismos de autoprotección comunitarios. El autor sostiene que, en lugares con gobernanzas hibridas o criminales, las organizaciones sociales y comunitarias encarnan poderosas formas de cooperación que fortalecen la autonomía de sus comunidades, influencian a los actores armados y limitan la violencia de sus territorios.

Las camionetas son importantes para garantizar la seguridad de personas en riesgo por su trabajo o labor social. Sin embargo, es fundamental abordar las causas subyacentes de la inseguridad en territorios con crisis humanitarias y economías frágiles que establecen patrones de conducta singulares. Resulta paradójico que tantos recursos se destinen a esta estrategia de seguridad, que muchas veces se muestra ineficiente y termina siendo fuente de nuevos conflictos. Mientras tanto, los pobladores del Catatumbo esperan algo más que el polvo levantado por las camionetas al pasar, mientras se preguntan si algún día su territorio experimentará la paz prometida pero aun lejana.