La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, bajo el gobierno Petro, este derecho ha sido objeto de ataques constantes y sistemáticos. No es exagerado decir que, hoy en Colombia, cualquier periodista que se atreva a señalar la corrupción, los abusos o las contradicciones del actual gobierno corre el riesgo de ser censurado, atacado o incluso investigado.

El operativo que llevó a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio en Caracol, RCN y Canal Uno fue escalofriante; se percibió más como una maniobra intimidatoria que como una medida de regulación, sugiriendo que la prensa libre y crítica constituye la verdadera amenaza para este gobierno.

Vicky Dávila se ha convertido en un caso emblemático de la actual cruzada del gobierno contra el periodismo. Más allá de las opiniones personales que se puedan tener sobre ella —mi postura es de admiración y respeto—, la denuncia presentada en su contra por un activista cercano a Petro, quien trabajó con Piedad Córdoba, es alarmante y se percibe como un intento claro de intimidar a la prensa y de silenciar a quienes se atreven a investigar y exponer la corrupción en el gobierno de Petro.

Lo más inaudito es que se alega que Vicky Dávila accedió a información obtenida a través del software Pegasus; sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado si alguna entidad del gobierno de Duque adquirió dicho software, si se utilizó o con qué propósito. Esta falta de claridad hace aún más preocupante que se haya priorizado el caso de Dávila en la Fiscalía.

Mientras el gobierno, respaldado por sus activistas, intenta desviar la atención con acusaciones infundadas, los hechos que exigen justicia siguen acumulándose sin que la Fiscalía actúe con celeridad y eficacia. El proceso contra el confeso Nicolás Petro sigue dilatándose, sin que esta entidad haya puesto un tatequieto a esta situación. El caso de Marelbys Meza, el billonario desfalco de la UNGRD, donde están involucrados varios de la cúpula de Petro, y los escándalos que salpican a Laura Sarabia y a su hermano son solo una parte de los escándalos que sacude al gobierno.

Además, el contratista Euclides Torres, quien financió la campaña y ahora se beneficia de jugosos contratos; la reciente designación de Daniela Andrade en una notaría bajo investigación por la UNGRD; junto con los turbios negocios de Ricardo Roa y su pareja, revelan un entramado de corrupción que exige una acción contundente por parte de la Fiscalía. Estos hechos, y no la infundada investigación contra Vicky Dávila, son los que deben ser priorizados y abordados con urgencia en defensa de la justicia y la transparencia en el país.

La Flip ha lanzado múltiples advertencias sobre el acoso del gobierno a los periodistas. En el caso de Dávila, ha recibido respaldo de varios medios de comunicación y un grito de alerta de distintos sectores que ven como el gobierno intenta controlar y amedrentar a aquellos que no siguen su línea.

Resulta irónico que quienes se proclaman defensores de la libertad busquen hoy generar miedo, controlar la narrativa y silenciar voces. Esto es propio de los autoritarismos; al verse expuestos, prefieren señalar como enemigos a los que simplemente hacen su trabajo: informar. Pero hay algo que este gobierno no parece entender: con Vicky Dávila no van a poder, pues es una periodista aguerrida que no se dejará aterrorizar ni silenciar.

Lo cierto es que toda la información filtrada proviene de funcionarios del gobierno. En lugar de estar unidos en busca del bien común, lo que vemos es un campo de batalla interno en el que todos se atacan entre sí, en medio de celos, intrigas y lucha por el poder.

Las prioridades de la fiscalía son un claro reflejo de esta realidad: mientras algunos enfrentan una cacería de brujas, otros, como Nicolás Petro, siguen en la impunidad a pesar de sus confesiones. 

Hago un llamado: hoy más que nunca, defender la libertad de prensa es esencial para salvar nuestra democracia. Despertemos; estamos en grave riesgo, si no es ya demasiado tarde.

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