El gobierno del presidente Petro ha empezado a anunciar decisiones de política pública que sin duda muestran la intención de los cambios que prometió en su campaña presidencial y por los cuales votaron la mayoría. Es importante analizarlos, teniendo en cuenta que por el momento son anuncios de decisiones, pero aún no se conocen documentos de política pública. 

En el campo de la seguridad hay que destacar las decisiones anunciadas por el Director de la Policía en el sentido de acabar con la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y darle prioridad a la erradicación voluntaria, lo cual fue complementado con el anuncio del propio Presidente que se terminaba la fumigación con glifosato a estos cultivos, haciendo la salvedad que eso no significaba, una patente para aumentar la siembra de ese tipo de cultivos. Igualmente anunció el Director de la Policía que se acababa el Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) y se iba a habilitar en su remplazo la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública, que dará prioridad al acompañamiento a los grupos protestantes, el diálogo y la búsqueda de la concertación antes que las respuestas coercitivas. 

Igualmente, el ministro de Defensa anunció dos medidas de gran importancia, una, la terminación de las denominadas ‘batidas’ para llevar a jóvenes para resolver su situación militar o por otras razones, e igualmente la suspensión de ataques con bombardeos a campamentos de grupos ilegales si no hay certeza que no hay allí menores de edad, para darle prioridad a salvar vidas de éstos, en cualquier caso considerados como víctimas de reclutamiento forzoso. Algunos consideran, a mi juicio equivocadamente, que eso sería maniatar a la Fuerza Pública, pero realmente es garantizar que las operaciones militares o policiales deben hacerse cumpliendo la normatividad existente. 

Las anteriores medidas se complementan con la decisión anunciada por el presidente Petro de modificar la política de extradición para los traficantes de drogas –normalmente los que han sido mayoritariamente solicitadas-, de tal manera que solamente se extraditaran aquellos narcotraficantes que no acepten ningún proceso de acuerdos con las entidades del gobierno y que eso se traduzca en el abandono de sus actividades delictivas, previo arreglo de cuentas con la justicia colombiana, o aquellos que reincidan en sus actividades delincuenciales posterior a llegar a acuerdos con las autoridades colombianas. Esto es una decisión de gran calado y que requiere conversar y seguramente llegar a acuerdos con las autoridades norteamericanas –quienes fueron las primeras en plantear esta necesidad del diálogo-, en la medida en que ésta es una medida de cooperación internacional de la justicia, pero también en el pasado significó una especie de renuncia de la justicia colombiana a ejercer plenamente su soberanía. 

Igualmente destacamos el anuncio del Ministro de Justicia de avanzar en la aplicación de la justicia restaurativa, medida sin duda de la mayor importancia en varios sentidos, uno, reconocer que la justicia punitiva por sí sola no cumple ningún rol resocializador y que es probable que la justicia restaurativa avance más en esa dirección, pero igualmente, avanzar en términos educativos al conjunto de la sociedad para que se entienda que justicia no es solamente lo que se expresa en lo que se ha llamado ‘el populismo punitivo’, sino buscar fundamentalmente una función resocializadora del que infringe la ley y buscar que haya una clara tendencia de disminución del nivel de delincuencia. 

Sin duda el presidente Petro y su gobierno se han planteado una agenda de cambios profundos y si a eso le sumamos el colocar la estrategia de diálogo y negociación como eje central frente a la conflictividad, no hay duda que el desafío es apasionante. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion