La presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, Magda Acosta, reveló este lunes que la violencia psicológica se consolidó como la principal manifestación de agresión contra las mujeres en Bogotá, en un contexto donde las alertas por riesgo de feminicidio aumentaron drásticamente durante el último año.
Durante la instalación de un conversatorio en los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, Acosta presentó un balance estadístico detallado sobre la situación de violencia de género en la capital. Explicó que, según cifras de la Secretaría de la Mujer, en 2024 se realizaron 27.613 atenciones por violencias de género, donde "siete de cada diez corresponden a violencia psicológica" y "tres de cada diez a violencia (...) física".
La tendencia se mantuvo en el inicio de 2025. Entre enero y marzo de este año, se efectuaron 27.385 atenciones a mujeres, de las cuales el 76% (20.835 casos) estuvieron relacionadas directamente con episodios de violencia.
En el ámbito de la violencia intrafamiliar y sexual, la magistrada informó que durante 2024 se registraron 17.077 casos de violencia sexual, lo que supuso un incremento del 6.5% en comparación con el año 2023. Las cifras evidenciaron que el 75.5% de las víctimas de estos delitos fueron mujeres y, de este porcentaje, el 77.8% correspondía a niñas menores de edad.
Uno de los puntos más críticos expuestos por Acosta fue el incremento en las valoraciones de riesgo de feminicidio. Informó que entre enero y febrero de 2025, la Fiscalía General de la Nación tipificó cuatro feminicidios en Bogotá, con incidencia en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y San Cristóbal.
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Además, señaló que en 2024 el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 2.275 valoraciones de riesgo de feminicidio,lo que representó "un aumento del 146% respecto del 2023". De ese total de valoraciones, el 49%, "es decir, la mitad, fueron calificadas como riesgo".
Ante este panorama, la presidenta de la Comisión de Género hizo un llamado a los operadores judiciales y a la sociedad para combatir la apatía y asumir conductas responsables frente a la violencia contra mujeres, niños y poblaciones vulnerables.
Acosta enfatizó que la administración de justicia no puede mantener una postura pasiva o neutral frente a la desigualdad. "Al contrario, debemos tener una mirada activa, una perspectiva donde se reconozca que tenemos una realidad social,económica y cultural, donde estamos todos involucrados", afirmó.
Finalmente, defendió la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, no como una ideología, sino como una herramienta necesaria para "garantizar que no vayamos a tomar decisiones por pura ignorancia".
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