El 2025 se consolidó como el año más violento contra personas defensoras de derechos humanos en el actual gobierno, según el informe Promesas Rotas del Programa Somos Defensores, que documentó 874 agresiones y 165 asesinatos en todo el país, con un aumento, del 20% frente a 2024.

Por primera vez, el informe advierte un crecimiento sostenido de ataques en ciudades como Cali, Bogotá y Cartagena, así como en territorios con crisis humanitarias como Tibú, en Norte de Santander, y Calamar, en Guaviare.

A nivel regional, el suroccidente del país concentró cerca del 40% de los casos, con el Cauca, donde se registraron 238 agresiones, y Antioquia, con 186, como los departamentos más afectados.

Según el informe, siete de los once tipos de agresión monitoreados aumentaron. Entre ellos, los desplazamientos forzados con 64%, los secuestros con 38%, las desapariciones forzadas con 24%, las amenazas con 19% y los atentados con 16%.

Además, se registraron 15 casos de judicializaciones contra personas defensoras, una práctica que no había sido documentada el año anterior y que, según el informe, evidencia el uso del sistema penal en su contra.

Impunidad y fallas en la Fiscalía

Uno de los hallazgos más críticos del documento es el bajo nivel de esclarecimiento judicial. Entre 2002 y septiembre de 2025, solo el 11% de los asesinatos de personas defensoras ha derivado en una sentencia condenatoria.

El informe señala que el 41% de las agresiones tiene autor desconocido. Incluso, el grupo especializado de la Fiscalía para investigar ataques contra defensores no ha logrado llevar ningún caso a juicio hasta febrero de 2026, pese a haber documentado 266.

En esa línea, advirtió que la falta de esclarecimiento “es un aliciente para que se continúen presentando crímenes”, e insistió en que la Fiscalía debe priorizar la identificación de responsables materiales e intelectuales.

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El documento también cuestiona la ausencia de procesos disciplinarios frente a posibles omisiones o irregularidades dentro de la propia Fiscalía, con menos de diez investigaciones internas reportadas.

Otro de los ejes del informe es la crítica al funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque entre 2022 y 2025 se implementaron más de 59.000 medidas individuales, el modelo sigue centrado en respuestas reactivas y no en la prevención del riesgo.

De los 19.807 casos evaluados en ese periodo, solo 20 fueron clasificados como de riesgo extremo, pese a que en el mismo lapso se registraron cerca de 196 atentados contra personas defensoras.

El informe advierte que la modernización de la entidad no ha tenido un impacto real en la protección de la vida, y señala problemas estructurales como la desarticulación institucional y la falta de enfoque colectivo en las medidas.

Quiénes están siendo más afectados

El liderazgo indígena sigue siendo el más golpeado, con 257 agresiones, seguido del comunitario con 206, comunal con 124 y campesino con 60. También se alerta sobre un subregistro en las agresiones contra integrantes de Juntas de Acción Comunal, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados.

El informe añade que hubo un incremento del 42% en los asesinatos de mujeres defensoras y que el liderazgo comunitario fue el más afectado por la violencia letal durante el año.

También se advierte que, pese a los procesos de diálogo con grupos armados, las comunidades han seguido alertando sobre riesgos en los territorios sin que estas advertencias sean atendidas de manera efectiva.

El documento plantea que el aumento de la violencia está relacionado con factores estructurales como la falta de respuesta integral del Estado, el incumplimiento de órdenes judiciales, como la Sentencia SU-546 de 2023, y la ausencia de una política pública efectiva de garantías para personas defensoras.

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