Los ánimos de los promotores del paro anticatastro, que ayer completó cinco días en carreteras de Norte de Santander, Santander y Boyacá, pasaron de castaño a oscuro y estuvieron a punto de caldearse por cuenta de la advertencia que lanzó al atardecer el presidente Gustavo Petro.

El mandatario nacional amenazó a los alcaldes de los municipios en donde hay afectaciones del orden público por el cobro del impuesto predial, con que, si no presentan un acuerdo municipal para cambiar el cobro, podría sacarlos del cargo.

La fuerte declaración, que es imposible de cumplir para Petro porque los alcaldes no son subalternos suyos, se da en momentos en que su propio gobierno (Ministerio del Interior) dialoga con los organizadores de las protestas que se presentan, en especial, en Santander, Boyacá y Norte de Santander, en donde desde la semana pasada están bloqueadas vías principales debido al alto cobro del citado impuesto.

En Norte de Santander, en los tres puntos donde se mantienen los bloqueos —Chitagá, La Laguna y la Curva de los Adioses, este último en Pamplona—, los promotores de la protesta expresaron su rechazo a las autoridades nacionales por no dar una solución a los requerimientos hechos desde hace cinco días y que le apuntan a la suspensión de la Resolución 2057, que es la base del aumento de los avalúos catastrales.

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“Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar con las amenazas del presidente Gustavo Petro. Estamos protestando para que se haga justicia y porque nos sentimos lesionados por los altos costos del predial que se derivaron de la Resolución 2057, y vamos a mantenernos firmes en los bloqueos”, dijeron a La Opinión voceros del paro anticatastro.

Frente a la advertencia contra los alcaldes, ayer el mandatario de Pamplona, Klaus Faber, respondió que en su municipio el catastro se hizo desde el territorio, mediante un contrato del municipio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que costó 4.500 millones de pesos.

Añadió que, hasta la fecha, de los 19.700 predios actualizados se han presentado 1.700 inconformidades y que la exigencia del municipio al IGAC es que dé pronta respuesta y solución a estas y a las que surjan.

“Nosotros somos funcionarios electos por voto popular, y ni siquiera a él la Procuraduría lo pudo sancionar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió sus medidas cautelares; pues la misma nos cobija a nosotros”, dijo Faber.

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El presidente Petro advirtió que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”. Planteó, además, que “la situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales; ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que, en un nuevo acuerdo, bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días. El Gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida a sus hogares”.

Otro que respondió a la advertencia del jefe de Estado fue el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien le dijo que primero debía suspender la Resolución 2057.

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