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Contralor sugiere a candidatos pensar en ajuste y no en reforma tributaria
Rodríguez descartó apoyar una reforma tributaria inmediata, e invitó al Banco de la República a discutir las cifras fiscales al margen de la agenda electoral.
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Colprensa
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Martes, 14 de Abril de 2026

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, instó este martes a los actuales candidatos presidenciales a centrar sus propuestas de gobierno en un plan de ajuste fiscal y un proyecto financiero estructural antes de plantear una reforma tributaria de carácter coyuntural a corto plazo, tras advertir que la nación requiere una depuración total de las deudas acumuladas en los sectores de salud, energía, víctimas y contingencias judiciales para evitar sanciones moratorias y un mayor deterioro de la sostenibilidad pública.

Rodríguez indicó que el país requiere un ajuste fiscal y una reforma a largo plazo, en lugar de modificaciones centradas "simplemente en el tipo impositivo". Señaló que no es partidario de una reforma tributaria "que no se realice sino en plan de ajuste fiscal”.

"Yo quiero hacer una invitación cordial a que lo primero que se discuta sea un plan de ajuste fiscal y lógicamente un plan financiero estructural", sostuvo, y advirtió que quien llegue al poder no podrá argumentar haber recibido las finanzas en desorden, dado que la entidad ya documenta y publica el estado de cada sector.

El funcionario invitó a quienes aspiran a la Presidencia de la República a que el primer tema de discusión sea la reestructuración financiera para que "luego la excusa no va a ser que esto me lo dejaron profundamente enredado". Añadió que la nueva administración será recordada por "la solidez de sus decisiones" y no por sus anuncios. Explicó que "el primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas".

Crisis en cuatro sectores

El balance presentado por la Contraloría documentó la magnitud de las obligaciones acumuladas en cuatro sectores que el ente de control señaló como los de mayor riesgo para la sostenibilidad fiscal.

En salud, las EPS acumulan deudas por 32,98 billones de pesos al cierre de 2024, mientras que las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de 2,8 billones en 2024 a 3,8 billones en 2025.

En energía, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a 3,8 billones de pesos, en un escenario que la entidad calificó de mayor riesgo por el Fenómeno del Niño previsto para el segundo semestre de 2026, con septiembre como el mes de mayor presión. "El pago de los subsidios viene siendo una dificultad; si no se hace una mesa para crearlo, vamos a tener problemas en el mes de septiembre", advirtió el contralor.

En contingencias judiciales, el Estado registra 17 billones de pesos en obligaciones por fallos ejecutoriados, de los cuales 14,9 billones son exigibles en menos de un año. Rodríguez precisó que si esos recursos no se cancelan antes de que las sentencias queden en firme, se generarán sanciones moratorias que "se van a constituir en detrimentos patrimoniales".


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La cifra más alta corresponde al capítulo de víctimas. El Estado ha reparado a 1,9 millones de personas con pagos por 15 billones de pesos, pero mantiene pendientes 7,8 millones de víctimas, con obligaciones estimadas en 133 billones de pesos entre indemnizaciones colectivas e individuales. "Es un tema profundamente sensible", señaló el contralor, y advirtió que "no puede convertirse eso en un tema de rentabilización".

Frente a ese panorama, la Contraloría presentó una hoja de ruta articulada en cinco ejes: depurar cuentas y reconocer los pasivos acumulados, fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto, cerrar las brechas de ejecución presupuestal y preservar la disciplina fiscal.

"El primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas. Debe ser presentar el plan de recuperación económica que el país necesita. Este nuevo ciclo de gobierno será recordado no por la magnitud de sus anuncios, sino por la solidez de sus decisiones", concluyó Rodríguez.

Así las cosas, el jefe del ente de control concluyó con un llamado a los concejos y asambleas departamentales frente al crecimiento del endeudamiento local. Afirmó que acceder a créditos "no es malo", pero ordenó vigilar las justificaciones de inversión porque "se debe priorizar un gasto y no os parece que en esa priorización del gasto es donde se debe realizar un análisis juicioso". Mencionó además la existencia de una "alta concentración de contratación directa" y un incremento en los contratos de prestación de servicios a nivel estatal.

Calificación BB negativa

Rodríguez mencionó en la rueda de prensa la degradación de la calificación crediticia del país, que una calificadora de riesgos ubicó en nivel BB negativo. "Ese tema de la calificadora de riesgos, de haber pasado a una calificación BB negativa, no es una cuestión que se deba mirar a la ligera", señaló, y reiteró el requerimiento al Ministerio de Hacienda para que informe a la Contraloría sobre la colocación de TES y el endeudamiento del Estado antes de avanzar en nuevas operaciones.

El contralor insistió en que la entidad no ejerce control previo, sino un control preventivo y concurrente autorizado por el Acto Legislativo 04 de 2019. "Repito nuevamente: el Estado ejecuta y administra; la Contraloría controla", afirmó, y precisó que la función de advertencia busca alertar sobre fallas en la ejecución del gasto antes de que las operaciones se consumen.

Asimismo, advirtió que el endeudamiento de las entidades territoriales también ha crecido, y emitió un llamado a los concejos municipales y a las asambleas departamentales para que examinen no solo las finanzas de los entes territoriales, sino también las de las entidades descentralizadas de primer y segundo orden. "Endeudarse por sí no es malo; lo que hay que mirar es para qué se están endeudando", sostuvo.

En materia de contratación, el funcionario señaló que hay cifras que "causaron molestia" relacionadas con la concentración de contratación directa y el incremento en contratos de prestación de servicios, y que las autoridades competentes deberán revisar y justificar esas adjudicaciones. Precisó que la Contraloría ha realizado traslados a la Fiscalía General de la Nación por situaciones relacionadas con el impacto de la corrupción en el gasto público.


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