El 23 de abril de 2025, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, un centenar de perros adoptados acompañó a activistas, fiscales, académicos, funcionarios y ciudadanos en la ceremonia de sanción de una de las leyes más esperadas en materia de protección de seres sintientes: la Ley Ángel, que busca penas ejemplares frente a la crueldad y el abuso sexual contra animales, mecanismos de prevención, y una ruta nacional de atención para intervenir antes de que sea demasiado tarde.

En esta oportunidad, además, se sancionó la Ley Lorenzo, que promueve el desarrollo de tecnologías para reemplazar progresivamente a los perros usados en seguridad y vigilancia privada; y se mencionó el proyecto de Ley Kiara que ya está aprobado por el Congreso, como parte de una agenda legislativa más amplia. La jornada, entonces, solo fue la antesala de una transformación más profunda.

La senadora Andrea Padilla, autora de las tres iniciativas, no disimuló la emoción al pronunciar unas palabras que resumieron el sentido del momento: “Hoy es un día memorable. Empezó a tener vida jurídica la Ley Ángel, una ley que luchamos durante años con mi equipo, con Vivian Nieto, con organizaciones activistas de todo el país, también con fiscales, penalistas, académicos. Ya basta, ya es momento de superar la impunidad que afrontamos como sociedad y de entender que los animales son seres vivos, que sienten, que sufren, que también merecen tener una vida de calidad, ser respetados, ser atendidos por el Estado”.

Y es que la Ley Ángel, identificada con el número 2455 de 2025, concentra su fuerza en el endurecimiento del marco penal frente al maltrato animal. Establece penas privativas de la libertad que superan los cuatro años para quienes, con dolo, causen la muerte de un animal, le ocasionen lesiones graves o cometan actos de violencia sexual. Al superar ese umbral, los delitos dejan de ser excarcelables.

Las multas también aumentan: entre 15 y 30 salarios mínimos por lesiones graves, y entre 30 y 60 si se trata de la muerte del animal. Además, incorpora agravantes como la violencia vicaria (cuando se agrede a un animal para hacer daño emocional a una persona), la mutilación, la difusión de contenidos violentos o pornográficos con animales, y el maltrato ejercido en el marco de actividades económicas. Se crean penas accesorias, como la prohibición de tenencia o el impedimento para ejercer profesiones relacionadas con estos seres vivos, y se establece un registro nacional de personas condenadas por estos delitos.

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En el ámbito probatorio, se obliga a la Fiscalía a desarrollar guías técnicas forenses para que cualquier médico veterinario, incluso en zonas rurales, pueda emitir dictámenes útiles en procesos judiciales. También se habilita a la Policía para ingresar en domicilios si hay evidencia de riesgo inminente para un animal.

Asimismo, la ley exige la creación de una ruta nacional de atención al maltrato, que deberá cubrir todo el territorio y contemplar incluso los casos de animales afectados por el conflicto armado. Se establece un procedimiento sancionatorio ágil para casos que no constituyan delito, se sanciona formalmente el abandono y se incorporan componentes pedagógicos: quienes incurran en maltrato leve podrán cumplir su sanción asistiendo a cursos de protección animal. Paralelamente, fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros tendrán que capacitarse obligatoriamente en la materia.

Sobre la Ley Lorenzo

A su vez, la Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025) responde a una realidad invisible: el uso sistemático de perros en actividades de seguridad y vigilancia privada, pues según datos oficiales, 5.895 perros están registrados en estas labores, de los cuales 2.482 son empleados en detección de explosivos, 2.140 en defensa controlada y 1.268 en detección de narcóticos.

Ahora, la ley no prohíbe esta práctica de forma inmediata, pero traza una hoja de ruta para su transformación. El Ministerio TIC deberá desarrollar alternativas tecnológicas que permitan reemplazar progresivamente a los perros en defensa controlada. Mientras tanto, se establecen elevados estándares de bienestar: tiempos semanales de esparcimiento, adecuación ambiental de los caniles, confort térmico, iluminación adecuada, zonas blandas para el descanso, alimentación de buena calidad y protección frente a condiciones climáticas adversas.

También se reduce la edad máxima permitida para estas labores: de ocho a seis años. La esterilización se vuelve obligatoria desde los seis meses de edad para evitar la reproducción dentro de las empresas. De igual forma, se exige que todas las compañías adopten un plan de retiro digno para los animales. Por otro lado, la ley crea un Registro Nacional de Perros de Vigilancia, establece la instalación de cámaras en caniles y puestos de trabajo, y asigna al SENA la capacitación y certificación del personal en bienestar animal.

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En ese sentido, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, tendrá seis meses para reglamentar la ley, un año para definir criterios para los planes de retiro, y la obligación de inspeccionar y controlar el cumplimiento.

Lo que se espera de la Ley Kiara

La tercera pieza normativa, la Ley Kiara, se enfoca en un sector en expansión: el de los servicios de cuidado para animales de compañía. Hoteles para mascotas, guarderías, paseadores, petshops y otras modalidades han crecido sin control en los últimos años, dejando a perros o gatos, a sus cuidadores y a los empresarios responsables en un vacío legal.

Es decir, esta ley, aún en etapa de sanción presidencial pero ya aprobada por el Congreso, busca establecer un marco regulatorio que garantice estándares mínimos, proteja a los usuarios y promueva la formalización de quienes ya venían trabajando con criterios de calidad. No se trata de restringir, sino de ordenar, reconocer derechos y establecer responsabilidades

En conjunto, estas tres herramientas legislativas (la Ley Ángel, la Ley Lorenzo y la Ley Kiara) representan una transformación profunda. Sin embargo, tal y como recordó Padilla al cierre del acto, legislar es apenas el primer paso: “Sigue un largo camino, estamos tramitando muchos más proyectos de ley, hay que buscar recursos, hay que buscar que se cree el Sistema Nacional de Protección Animal, en una palabra, que se cree Estado para los animales. Y en esta tarea seguiremos firmes mientras la vida, y ustedes así lo quieran”.

Y es que el éxito de estas leyes dependerá no solo del cumplimiento institucional, sino del compromiso social, ya que, que se hayan sancionado no significa que se respeten. Para lograrlo, hará falta vigilancia ciudadana, seguimiento periodístico, voluntad política y presupuesto.

Aun así, el camino está abierto y lo que se empezó a escribir este 23 de abril no es solo una reforma legal, es una nueva narrativa sobre la convivencia, la justicia y el valor de la vida en todas sus formas.

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