Esta semana, Cali fue el epicentro de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, convocada por el Gobierno Nacional para promover un cambio de enfoque de una política por tradición prohibicionista hacia una que prioriza lo social, abriendo oportunidades para que quienes estén involucrados en ellas abandonen las economías ilícitas.

Dicho foro contó con la participación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, país que hoy en día está más afectado por el negocio del narcotráfico incluso que Colombia.

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“El problema de las drogas lo compartimos con México, estamos de acuerdo en una solución que no es exclusivamente punitiva y en poner en evidencia la necesidad de corresponsabilidad entre países donde se produce cocaína”, indicó el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.

Durante la cumbre, el ministro explicó la nueva política de Colombia contra las drogas, que se divide en dos partes: por un lado, ‘asfixiar’ a las organizaciones criminales “enfocando el esfuerzo penal de persecución del Estado a los eslabones fuertes del negocio del narcotráfico”, y por otro,  darle oxígeno a los que él mismo define como eslabones débiles; es decir, los campesinos cultivadores de coca que en realidad son víctimas de las mafias.

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“Ellos no son los mafiosos del paseo, son gente pobre. El 90% ni siquiera son dueños de sus tierras”, añadió el ministro.

No se estudia solamente la posibilidad de darles dinero por la sustitución de cultivos como se hizo en gobiernos anteriores, sino la de llevarles seguridad a sus territorios y presentarles una oferta integral de las instituciones del Estado “para que vivan sin el miedo de la mafia”.

¿Qué tan viable es, sin embargo, que Estados Unidos, creador del concepto de 'guerra contra las drogas'  y precursor de esa política punitiva de persecución al narcotráfico, acoja esta propuesta de Colombia.

El ministro de Justicia asegura que sí lo es: “esta política se ha construido en los territorios de Colombia, de ella han estado al tanto las autoridades de los Estados Unidos”, le dijo a Colprensa.

Y agregó: “El Gobierno del presidente Biden está interesado también en cambios en la política de drogas. Están pensando en una política holística. Es decir, mirar el fenómeno completo: por qué se consume, cuándo el consumo es problemático, cuándo no lo es, por qué se produce y dar respuesta de acuerdo con cada problema. Contamos con la cooperación de los Estados Unidos y estoy seguro de que seguiremos contando con ella”.

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Están en la mesa 160 millones de dólares

Coincidencialmente, este viernes se llevó a cabo una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que la nueva política de drogas colombiana fue incluida entre los temas de conversación.

“Nuestro enfoque ha evolucionado en concentrarse no solo en la reducción de la oferta de drogas, sino en un enfoque holístico dirigido a todo el espectro de fuerzas que permiten la producción y el tráfico de cocaína”, apuntó el subsecretario Todd Robinson.

Es así que reafirmó la intención de su país de trabajar conjuntamente con Colombia  “en áreas como interdicción, seguridad regional y crímenes ambientales”.

En este mismo sentido, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recalcó que mantener la ayuda al país es “vital”.

La siguiente tarea será convencer al Congreso de EE. UU. para que apruebe recursos que apoyarán estrategias contra la criminalidad. Según se adelantó en la audiencia, están contemplados 160 millones de dólares para la promoción de la seguridad, justicia y desarrollo rural, la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero que benefician a organizaciones criminales transnacionales.

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