Por medio de una tutela, la Procuraduría General pidió garantizar los derechos fundamentales de dignidad humana, salud, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, de las 492 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

El ente de control aseguró que estas personas se encuentran recluidas en las salas de retenidos o centros de detención transitorios de las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla y su área metropolitana, en graves condiciones de hacinamiento.

La entidad solicitó que se le ordene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las cárceles de Mediana Seguridad y el Buen Pastor de Barranquilla, así como el Establecimiento de Reclusión Especial y el Centro de Rehabilitación Masculino de la ciudad, adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las condiciones “inhumanas y degradantes que padecen”.

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La solicitud se realizó a raíz de las múltiples quejas recibidas por los PPL y sus familiares, en las que pidieron al órgano de control realizar una inspección en las estaciones de Policía y URI, donde el ente constató las malas condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad.

“Existe una grave situación de hacinamiento y vulneración de derechos, puesto que no cuentan con instalaciones para su oportuna atención médica, aseo personal, ni visitas conyugales, familiares o de su defensa”, indicó la Procuraduría.

Así mismo, el ente evidenció que la mayoría de las Personas Privadas de la libertad llevan recluidas más de 36 horas en las URI, con lo que se ha transgredido lo previsto en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993, que señala que “la detención en URI o unidad similar no podrá superar las 36 horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes”.

En el llamado, la entidad asegura que el número de custodios de la Policía Nacional encargados de vigilar estos centros resulta insuficiente, por lo que se ha elevado el riesgo de fuga y ataques contra la integridad física de los servidores, a quienes también les ha correspondido facilitar sus equipos personales como computadores, celulares, altavoces y accesorios, para el desarrollo de las audiencias virtuales.

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El ministerio público también cuestionó el trato discriminatorio que reciben las Personas Privadas de la Libertad de las salas de retenidos de las estaciones de Policía, no solo por la orientación sexual de algunos de ellos, sino porque a la fecha no están vacunados contra la COVID-19.

“El número de visitas y la alimentación no es la misma, en comparación con los retenidos de los establecimientos del orden nacional o distrital de la jurisdicción”, dijo la Procuraduría.

Con la medida, la Procuraduría busca que se adelanten gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras, a fin de dar soluciones a las problemáticas identificadas, conforme al Código Penitenciario y Carcelario.

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