Este sábado se cumplió un año desde que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tomó las riendas de la Fiscalía.

A su llegada, tuvo que asumir la responsabilidad por la investigación de casos que venían de tiempo atrás y a los que se sumaron nuevos escándalos que salpicaron a contratistas, funcionarios e incluso personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Como lo ha asegurado en diferentes espacios, el propósito de la entidad bajo su mando no es llenar indicadores de resultados, sino producir un impacto significativo en la lucha contra el crimen y actuar con base en pruebas sólidas, que puedan sustentarse en un juicio, y no en hipótesis que después se derrumben cuando lleguen al despacho de un juez.

Ese ha sido el argumento que ha utilizado para defender su gestión de las críticas que ha recibido de algunos sectores por el poco avance de las investigaciones en la entidad.

Lea aquí: Petro publicó fotos de 113.000 dosis represadas de insulina que eran medicamento para el hipotiroidismo

Entre las investigaciones más cruciales que han llegado a la Fiscalía, bajo la administración de Camargo, está la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), que busca destapar la "organización criminal", como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Por esta investigación, hay siete personas tras las rejas, de las cuales Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, Luis Alberto López y el abogado Edgar Rivero, firmaron acuerdos con la Fiscalía y están pendientes de ser aprobados por jueces de la República. Por su parte, Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, será acusada en abril próximo.

La investigación, sin embargo, no ha llegado a niveles más altos, aunque en los medios de comunicación se han mencionado nombres de exministros y ex altos funcionarios como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, quienes no han sido llamados a interrogatorio por la Fiscalía aunque su nombre ha salido en los testimonios recibidos por la Corte Suprema de Justicia, que investiga a varios congresistas por este escándalo.

De aún mayor magnitud es el caso relacionado con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, el llamado 'zar del contrabando'. Marín, que está en Portugal tratando de evitar su extradición a Colombia, era el máximo líder de una red de la que hacían parte presuntamente Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, señalado como su segundo al mando, y Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho.

Conozca: Minsalud niega falta de pagos y señala a intermediarios como causantes del desabastecimiento de medicamentos

Esta red habría cooptado a cerca de 100 funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), incluidos, posiblemente, funcionarios de altos niveles del Estado.

El caso no solo ha desatado polémica por los funcionarios involucrados, sino por la denuncia hecha por el fiscal Andrés Marín, quien alegó que le quitaron el caso cuando iba a solicitar las capturas. Hecho que negó la fiscal argumentando que la Dirección Especializada contra la Corrupción ya llevaba otro proceso que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, judicializó a alias El Bendecido; al coronel en retiro Alexander Galeano Ardila; al mayor Mario Andrés Sarmiento; a José Helí Álzate, alias Alejo o Pupilo; y a Juan Francisco Solano, alias Millos, por lo que decidió unificarlo.

Un Grupo de Tareas Especiales indaga los posibles contactos que esta red habría tenido con generales, hoy en retiro, y otros altos funcionarios del Estado.  Por otro lado, la Fiscalía también indaga la lista que el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, le entregó a la fiscal general en la que menciona a 38 congresistas que habrían recomendado “ahijados políticos” para ocupar cargos en la DIAN y en la POLFA.

Como lo dijo la fiscal en su momento, recomendar a alguien no es delito, pero el testimonio de Reyes fue recibido por la Corte Suprema de Justicia, para determinar si detrás de esas recomendaciones podría haber habido un interés ilegal de los dirigentes políticos que aparecen mencionados como Armando Benedetti y Roy Barreras, entre otros.

Además de esos casos, la Fiscalía continúa investigando una supuesta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro, sin mayores avances. En declaración jurada han sido escuchadas personas que hicieron parte del área financiera de la campaña. Se investiga es el ingreso de $500 millones que no habrían sido debidamente reportados por parte del sindicato de los profesores, Fecode, y el supuesto aporte que habría ascendido a los $600 millones por parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).

La Fiscalía también adelanta indagaciones contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, entonces gerente de la campaña al Congreso por el Pacto Histórico, por el supuesto traslado de candidatos de ese partido político en avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS, de la que es socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias "Caco", un presunto narcotraficante. En el pasado, el Pacto Histórico aseguró que contrató los servicios de transporte de SADI, no a Restrepo Osorio. Pero también a Francia Márquez por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. A la fecha no se conocen mayores detalles.

Adicionalmente, la Fiscalía ha escuchado en entrevista a varias personas que conocieron sobre la presunta entrega de  500 millones de pesos en efectivo de parte de ‘Papá Pitufo’, destinados a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y el préstamo de una avioneta para un desplazamiento en Valle del Cauca. Ante lo anterior, el primer mandatario ha dicho que ese dinero nunca fue recibido. "Jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del 'Pitufo', porque yo mismo los hice devolver, se grabó video de ello”.

Le puede interesar: Uribe culpa a Petro por crisis en salud y advierte sobre un “monopolio estatal”

¿Y el caso Nicolás Petro? La Fiscalía investiga al hijo mayor del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de $1.000 millones y habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. A la fecha el proceso se encuentra en etapa preparatoria y la fiscal general no descarta aún que se pueda lograr un preacuerdo. “El preacuerdo tiene como fin el inicio de la audiencia de juicio oral, hasta que concluya la preparatoria y hasta que tengamos esa fecha de juicio e inicie”, dijo la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo.

Los otros casos

En 2024, Alexander López, director de Planeación Nacional, denunció que 12 billones de pesos del sistema general de regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) Paz están perdidos por presunta corrupción. La investigación, según pudo conocer esta agencia, no ha avanzado y sigue en indagación.

Caso opuesto al que ocurre en la red de corrupción denominada “Las Marionetas”, liderada por el fallecido excongresista del Partido Liberal Mario Castaño que tuvo injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca, y que se extendió por entidades como el Ministerio del Deporte y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otras.

Por esos hechos, ya fueron judicializada 67 personas por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, concusión, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, destrucción de elementos materiales probatorios. De las cuales 13 ya fueron condenas. El odontólogo Juan Carlos Martínez, pieza clave, adelanta negociaciones con la Fiscalía.

Por último, por la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados en el que se apropiaron de 15.000 millones de pesos del anticipo del contrato 1043 por el cual se suministraría internet a escuelas rurales en varios departamentos, fue condenado Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados,  Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros y Jorge Enrique López Benavides.

En etapa de juicio se encuentran los empresarios Otomar Lascarro y Ángel Cáceres Bayona, quienes prestaron sus empresas y vendieron su experiencia para confirmar la Unión Temporal Centros Poblados. Habrían recibido 4.000 millones de pesos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.