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Existe una ley en Colombia que tiene un largo proceso para ser votada en el Congreso de la República: el Presupuesto General de la Nación (PGN), sin embargo, lo que está pasando con el que deberá regir los gastos del Estado para el 2025 ha sido muy particular, poco visto en los últimos años porque su discusión ha trascendido de ser un tema netamente económico a colgarse en la controversia política.
Hace un año para esta época, cuando el recién llegado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba tramitando el presupuesto de rentas de la nación para 2024, tuvo un espaldarazo que se llegó a pensar que no iba a tener; le aprobaron cerca de $503 billones, incluyendo allí un monto de $15 billones que eran para cubrir el hueco con el que se tramitó el presupuesto y que en el 2024 llegaron por vía de la gestión de procesos judiciales de la Dian.
Eso, junto a la realidad del presente año, llevó a que el Gobierno tuviera que hacer un recorte por $20 billones de sus gastos, afectando de lleno la inversión, en especial la que se hacía en los programas sociales.
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Ese antecedente es lo que ha llevado a que el trámite del presupuesto para el año 2025 se haya enmarcado en un gran debate, porque para sectores de la oposición e incluso hasta de amigos del Gobierno, no se puede llegar a pedir que el Congreso le dé otra vez un cheque en blanco y le avale los $523 billones con los cuales fue radicado el proyecto, en donde se incluyen $12 billones que se espera lleguen por la vía de la llamada reforma tributaria.
Esa bandera roja al Ejecutivo la esgrime el partido Conservador, que a través de su presidenta, la senadora Nadia Blel, señaló que “este no es el momento de presentar una reforma tributaria cuando tenemos un presupuesto desfinanciado, cuando lastimosamente las entidades del Gobierno nacional no han ejecutado los recursos que tienen asignados de manera eficiente y por último, cuando en realidad el país no tiene un plan de reactivación económica claro donde tengamos un norte y se vislumbre un mejoramiento de la economía”.
Y fue la semana pasada en la que se dio el momento más complejo para la administración de Gustavo Petro, ya que ante la necesidad, por reglamento que se votará el monto del proyecto, el Gobierno lo primero que hizo fue radicar la controvertida ley de financiamiento por $12 billones y así lograr que el presupuesto no fuera desfinanciado al momento de ser discutido.
Por tanto, esa fue la situación más difícil que se dio en el seno de las comisiones económicas, tercer y cuartas de Senado y Cámara, en las que se evidenció que las fuerzas políticas estaban muy divididas.
El miércoles se presentaron cuatro proposiciones. Una la de la senadora Angélica Lozano, quien pedía bajar el presupuesto a $499 billones, pero la misma si bien fue aprobada en las comisiones de Senado, en la cuarta de la Cámara fue negada, por lo que no fue aceptada. La norma de procedimiento indica que para ser aprobada tendrá que ser avalada por las cuatro comisiones.
La otra propuesta, la que tenía supuestamente la mayor acogida, la del presidente del Senado, Efraín Cepeda y más de 20 congresistas, tampoco fue aprobada, se hundió en la Comisión Tercera de la Cámara, aunque tenía los votos requeridos en el Senado.
Una propuesta más, el representante uribista Carlos Osorio de un monto de $491 billones tampoco pasó, por lo que en ese momento se puso en votación el monto con el que se presentó el proyecto por el Gobierno que son $523 billones, esta tenía los votos en las comisiones de Cámara, pero en la tercera de Senado se hundió.
Pero en una situación muy particular, esa propuesta era una que presentó un congresista, pero no correspondió a la del Ministerio de Hacienda, la cual pese a que se discutió tampoco tuvo los votos para ser aprobado el monto.
De inmediato se abrió una discusión sobre la suerte del presupuesto. Mientras que los sectores afines al Gobierno decían que se negó bajar el monto, los contrarios resaltaban que sí tendrá que haber un ajuste a la baja.
El presidente del Senado, quien ha sido el mayor crítico de ambos proyectos, sostuvo que “habíamos pedido que discutiéramos el monto sin los $12 billones de la reforma tributaria para un monto de $511 billones, pero el Gobierno no accedió. Las comisiones económicas lo que dijeron es que no están dispuestas a votar una reforma tributaria a ciegas.
Creo que el camino es la concertación, deduciendo los $12 billones, eso parece que al Gobierno no le interesó. Yo esperaría que el Gobierno reflexione que no puede poner al Congreso de la República, órgano independiente del poder público, no lo puede poner a probar un presupuesto de $12 billones de pesos”.
Una voz más opositora es la presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano, señaló que si el Gobierno quiere expedir el presupuesto por decreto lo puede hacer el 21 de octubre si no hubo acuerdo.
“Es por eso que el decreto tiene que ser por el monto que salga de la ponencia de primer debate el 25 de septiembre. ¿Cuál es el mensaje aquí? Lo que importa es Colombia, esto no es un tira y afloje, claramente nadie tiene los votos para imponerle al otro y el Gobierno tiene que escuchar los argumentos.
Tenemos que sincerar las cuentas, con cuentas alegres, infladas, porque para gastar por supuesto billones de lista de mercado, pero ingresos para financiarlos es lo que hay poquitico. Entonces estamos en un limbo, nunca ha pasado, no hay antecedentes ni la ley es clara en lo que sigue. Luego tenemos que con toda responsabilidad ir a hacer una ponencia y lograr una cifra de acuerdo entre las cuatro comisiones”, sostuvo la congresista.
Su postura fue controvertida por el propio presidente Petro, quien le acusó de estar en contra de que su Gobierno haga la inversión social que necesita el país. Lozano respondió que “el presidente me acusa de perfidia, de mentir sobre las cuentas alegres de su Gobierno en el presupuesto del 2025. No miento. Es más, encontré declaraciones del presidente que respaldan mis advertencias sobre la baja ejecución”.
Lo cierto es que durante las dos próximas semanas los senadores y representantes seguirán discutiendo el presupuesto a la espera de que el 25 de septiembre ya se haya votado en la primera vuelta, en la que se sabrá cuál será el monto definitivo, para ese momento quedará claro si son $523 billones, $511 billones o $499 billones, pero será a finales de octubre cuando el proyecto llegue a las plenarias y se conozca qué pasará con el presupuesto; si finalmente el presidente recurra a la llamada dictadura fiscal y expida por decreto el presupuesto del 2025 y sea después la Corte Constitucional la que marque el camino.
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