La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta urgente sobre la alarmante vulneración de derechos de los menores de edad en Colombia, revelando cifras estremecedoras de violencia y homicidios en varias ciudades del país.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y abril de 2024 se han registrado 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Además, alerta que de estos, 11 fueron cometidos contra niños en etapa de primera infancia.
Esta cifra representa una de las tasas más altas de homicidios en menores de edad en los últimos años, subrayando una crisis de seguridad y protección infantil.
Además de los homicidios, el informe reveló que durante el mismo periodo se reportaron 11,195 situaciones de violencia, de las cuales 5,889 fueron por presunto delito sexual.
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Las ciudades con mayor incidencia de casos de violencia contra los menores fueron Bogotá con 880 casos, seguida de Medellín con 112, Cali con 64, Villavicencio con 52, Barranquilla 44, Ibagué 38, Cúcuta 35, Yopal 33, Bucaramanga 28 y Valledupar 25.
La Procuraduría también expresó su inquietud por el alto número de niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pues entre enero y marzo de 2024, se reportaron 11,427 ingresos, motivados principalmente por omisión o negligencia, violencia sexual y falta absoluta o temporal de responsable.
“La violencia intrafamiliar es un delito grave que requiere investigación oficiosa y no se pueden ignorar los niveles de riesgo que enfrentan las víctimas, quienes en muchas ocasiones no se autoperciben como tal debido al sometimiento al ciclo de violencia o por la dependencia económica”, señaló la Procuraduría.
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El ente de control ha instado a todas las autoridades y a la sociedad en general a estar atentos y denunciar los presuntos casos de violencia intrafamiliar. “Es crucial evaluar los comportamientos y las manifestaciones de las víctimas con un enfoque diferencial y de género, considerando la cultura machista y patriarcal que ha afectado al país durante muchos años”, concluyeron.
Estas revelaciones han generado un llamado urgente para la implementación de políticas más efectivas y la cooperación entre entidades gubernamentales y organizaciones civiles para proteger a los menores y garantizar su bienestar.
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