El expresidente Álvaro Uribe fue llamado a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, lo que podría significarle entre 6 a 12 años de prisión en caso de ser encontrado culpable. La investigación se remonta a un debate de control político en 2014, cuando Uribe era Senador, que fue realizado por su colega Iván Cepeda y que generó una tensión política pocas veces vista en el Salón Elíptico. Cuando el debate comenzaba, Uribe salió de la plenaria y anunció que iba camino a la Corte Suprema de Justicia a denunciar a Cepeda porque tenía información de que supuestamente este estaba reuniéndose con paramilitares en cárceles para ofrecerles beneficios a cambio de que declararan en su contra.
La denuncia del expresidente fue un bumerán que se devolvió con peso. La Corte, tras cuatro años, inició investigación en contra del expresidente en 2018 por las mismas acusaciones que Uribe pedía fueran investigadas a Cepeda: buscar testigos en las cárceles para denunciar al congresista del Polo a cambio de beneficios judiciales. El entonces magistrado Jose Luis Barceló inició la investigación y poco a poco empezó a conocerse el expediente que generó una tremenda batalla judicial en los últimos años, llegando a involucrar a fiscales como Eduardo Montealegre, algunos de los abogados con más trayectoria en el derecho penal: Jaime Granados y Jaime Lombana, y a todo tipo políticos, congresistas y testigos cuestionados que terminaron siendo protagonistas de centenares de publicaciones de medios que cubrieron el caso.
El expediente pasó después al magistrado de la Sala de Instrucción, César Reyes, que llamó a indagatoria a Uribe y decidió resolver su situación jurídica con una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria en una noticia que también escandalizó al país. Uribe renunció entonces al Congreso, abandonó su fuero, y con eso el caso pasó a la Fiscalía de Francisco Barbosa que decidió solicitar la preclusión dos veces a jueces diferentes que dos veces la negaron. El nudo de la historia se configuró este martes cuando se conoció que el fiscal primero delegado ante la Corte, Gilberto Iván Villareal, decidió llevar a juicio al exmandatario.
¿Qué puede pasar?
Acá varios penalistas dieron luces sobre lo que viene. Los delitos que se le acusan al expresidente son dos, que tienen cada uno penas de seis a doce años de cárcel. Como los dos delitos tienen la misma pena, lo que corresponde es tasar la sanción en algún punto intermedio entre seis y doce años de prisión, en el peor de los casos para el mandatario que aún goza de la presunción de inocencia y no ha sido condenado por ningún tribunal. Pero hay un elemento adicional. Como Uribe cambió de fuero, y la indagatoria de la Corte se asimiló a la imputación de cargos de la Fiscalía, la prescripción, originalmente de 12 años, se interrumpió y se fue a la mitad, en tanto que la imputación suspende el término que vuelve a correr por la mitad del máximo de la pena establecida para el delito. La indagatoria ocurrió el 08 de octubre de 2019. Si se cuentan seis años para la prescripción, esto arroja que el caso quedaría archivado en octubre del 2025, lo que pasaría si para entonces el juicio no ha llegado a una condena o una absolución en dos instancias. Esto es altamente probable con las demoras propias de un juicio que recién comienza.
Las evidencias
El magistrado Reyes decidió llevar a Uribe a prisión domiciliaria con una decisión de más de 1.100 páginas que atravesó toda la historia y podría dividirse en grandes capítulos. El primero de ellos es Juan Guillermo Monsalve. Este es un hombre, que, alega, fue paramilitar, condenado a 40 años de prisión por delitos comunes como extorsión, secuestro y homicidio, y terminó siendo el gran centro de toda la historia. Monsalve fue utilizado por la Corte para la investigación, quien con la ayuda del CTI de la Fiscalía, lo dotó de micrófono para comprobar si estaba siendo o no objeto de presiones por parte de abogados del expresidente. Monsalve tenía un compañero de celda, Enrique Pardo Hache, que le sugirió testificar en favor de Uribe. Se volvió importante porque una carta suya llegó a la Corte llevada por su pareja, Deyanira Gómez, en la que se retractaba de acusaciones previas sobre paramilitarismo que hizo en contra de Uribe, alegando que eso lo había dicho por ofrecimientos del senador Iván Cepeda. El problema fue que la carta entregada al tribunal tenía un pie de página escrito a mano que decía que el documento había sido redactado bajo la presión de Diego Cadena y Pardo Hache.
Diego Cadena
El otro protagonista es Diego Cadena. Cadena llegó a Uribe, en su versión, porque tenía información a la que había tenido acceso en sus visitas a las cárceles. Aunque el expresidente no le dio poder -ese fue uno de los argumentos de la propia Corte para declarar legales interceptaciones de llamadas entre ambos- este sí hizo gestiones en favor del exsenador. Una de ellas fue la de Monsalve, a quien visitó para pedirle que hiciera la carta “diciendo la verdad” pero con algo de presión porque se vencía el tiempo límite para llevarla a la Corte como prueba. Sobre Monsalve aún hay una controversia en el debate jurídico y es quién llegó a quién. Si fue Cadena a través de Pardo Hache, o si de alguna manera Monsalve trató de acercarse al entorno de Uribe a través del hoy magistrado ante el Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada. Lo que está probado es que Cadena sí le ofreció a Monsalve una revisión de su condena para buscar algún beneficio. Esto se lo dijo y quedó grabado porque Monsalve estaba usando un dispositivo alistado por la Corte.
Cómbita y Carlos E. Vélez
Cadena también estuvo involucrado por lo menos con dos otros hechos importantes. Mantuvo una reunión con directivos de la cárcel de Cómbita, que supuestamente también tenían información sobre paramilitares buscados por Cepeda. El abogado, al que le suspendieron su tarjeta profesional, viajó a la cárcel en Boyacá y tuvo reuniones con los internos. El otro hecho es el de Carlos Enrique Vélez. Este es un paramilitar convicto condenado por haber participado en la masacre de Río Sucio en Caldas que sucedió en 2003. El expara dijo por primera vez en 2017 que Iván Cepeda le había ofrecido asilos, pero la investigación del fiscal Daniel Hernández, que imputó a Cadena en una indagación independiente, concluyó que el abogado no solo lo buscó y estableció contacto con él aparentemente buscando que se ratificara en su versión, sino que le pagó hasta 48 millones de pesos, dijo Cadena, para peticiones humanitarias y de transporte que Vélez le pedía.
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En el proceso contra Cadena la credibilidad de dos testigos, incluyendo a Vélez, quedó golpeada por las respuestas que dieron en los interrogatorios de la defensa, llevada por el abogado Iván Cancino. También se conoció una interceptación al paramilitar en la cárcel en la que queda claro que este solo buscaba beneficiarse económicamente de lo que pudiera decir.
“Cuadremos eso y si no dejemos eso derecho, lo de Río Sucio. El negro me dijo hable con Diana. Usted sabe que Alberto sí,... que le damos apoyo a Alberto, hijueputa que nos dio la corte seguridad y de todo, jueputa lo que no nos dan esos malparidos. Y ahí sí sueltan la plata estos hijueputas y es la verdad mija. Usted le dice, no vea por ahí eso van a llamar a aquel, y lo de la masacre, a ver Diana que saquemos mija porque esto está muy... ese hijueputa no es pobre de sacar 100 o 200 millones de pesos. Dígale hablen con él o cuadren esas cosas con él, a ver si le sacamos mija porque si no vamos a quedar es pobres toda la vida”, decía el expara.
La otra testigo cuestionada es Deyanira Gómez, una médica que fue pareja de Monsalve y con quien llegó a tener un hijo. Esta aseguró haberse enamorado del responsable de un homicidio porque trabajaba prestando servicios médicos en la cárcel La Picota, pero señaló que Cadena le dijo a su pareja que debía decir la verdad sobre lo que pudiera conocer, no mentir.
Este es precisamente uno de los elementos a analizar en el caso. Buena parte de la evidencia en contra de Uribe está fundamentada en los dichos de testigos cuestionables que están condenados por hechos delictivos -incluyendo homicidios- y que podrían estar interesados en recibir beneficios del mejor postor para tener comodidades en la cárcel o reducciones de penas. De hecho, una vez Monsalve empezó a ser relevante en la investigación contra Uribe su nivel de protección hizo que lo cambiaran de celda y se publicaron unas fotos que demostraban que estaba ingresando licor, celulares y mujeres a su celda.
En el caso del expresidente Uribe fueron interrogados decenas de personas incluyendo a asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo, al propio Cadena y su abogado asistente, Juan José Salazar, a terceros que terminaron involucrados por ser mencionados en las interceptaciones y al mismo exmandatario. En el proceso fueron reconocidas como víctimas Deyanira Gómez, el ex fiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo, y el senador Cepeda. Y, aunque la Fiscalía intentó dos veces solicitar la preclusión -en una teoría contraria a la investigación de la Corte que le fe remitida- los jueces se negaron a aceptar ese camino por vacíos en detalles de la revisión de los hechos o testigos que no fueron entrevistados.
En juicio, el expresidente y su defensa deberán defenderse en esencia de dos acusaciones: que Uribe, a través de su abogado, buscaron hacer caer en error a la Corte con la retractación de Monsalve, que habría sido conseguida bajo presiones indebidas y ofrecimientos de beneficios. Y que Uribe, a través de Cadena, buscó pagarle a testigos para que rindieran versiones en contra de su enemigo político, el congresista Iván Cepeda.
La defensa argumenta que ambas acusaciones se caen porque Uribe solo le pidió al abogado que hiciera lo que era correcto y estaba permitido por la ley, agregan que todo el expediente está basado en testigos que no tienen credibilidad por sus características e intenciones, y señalan que en la investigación hubo una gran cantidad de irregularidades que vician el fondo. Ese, podría decirse, es otro capítulo de la historia. A Uribe no le notificaron si estaba siendo investigado al inicio a pesar de que sus abogados lo solicitaron, la Corte realizó unas interceptaciones a su teléfono en el marco del expediente de otra investigación contra el excongresistas Nilton Córdoba, y tampoco hay claridad sobre el grado de cercanía de Monsalve y su esposa con el proceso y la Corte.
Al final, Uribe tiene varios caminos. En caso de que la Fiscalía sea veloz y los abogados elijan dar una batalla sin dilaciones, el expresidente tiene todo el tiempo para controvertir los argumentos de la acusación, llamar testigos, y cuestionar la teoría de su responsabilidad. Si, a pesar de eso, es considerado culpable, esto tendría que ocurrir antes de octubre del próximo año, lo cual parece difícil dados los tiempos de la justicia en Colombia, entendiendo que además podría apelar y esperar una segunda instancia. Lo que está por verse es cómo esta noticia modifica el panorama político y en qué términos será la respuesta de Uribe. El juicio, en cualquier escenario, será una de las noticias del año y estará para alquilar balcón.
La noticia del juicio contra Uribe desató una vez más una dura pelea política por las versiones de los hechos
Las reacciones políticas tras el anuncio de la Fiscalía, que se convierte en la primera gran noticia de la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo, desataron una controversia en la antesala de la batalla judicial que comienza. “Hubieran visto el abrazo entre Iván Cepeda y María José Pizarro”, escribió la senadora Paloma Valencia en su cuenta de X.
El senador Cepeda dio declaraciones a varios medios y se mostró feliz con la noticia ante las cámaras. “Después de una década de luchas intensas, de haber sido objeto de muchas persecuciones, y de toda clase de dilaciones por parte del anterior fiscal, hoy llega el día en que se pronuncia la justicia y es llamado a rendir cuentas el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer ciudadano que ha ejercido la jefatura del Estado que es llamado a un juicio, y eso significa que nuestra sociedad ha madurado a un punto en el que nadie está por encima de los tribunales y el poder judicial. A mis abogados y abogadas y a mi, a las otras víctimas en el proceso nos complace esta decisión que tomamos sin ninguna soberbia, con toda la serenidad. Invitamos al expresidente Uribe para que diga la verdad, y busquemos un camino para el Acuerdo Nacional”, enfatizó.
Cepeda fue considerado víctima en el proceso y lleva años asistiendo a audiencias virtuales en las que se ha visto cara a cara en las pantallas con Uribe, sus abogados y hasta Diego Cadena, imputado y acusado también por los mismos hechos en otra investigación de la Fiscalía.
El senador fue el que le advirtió al país del inicio de la investigación de la Corte Suprema en 2018, luego de la notificación. Esto ocurrió porque el expresidente le interpuso una denuncia en el alto tribunal en 2014 al inicio de un debate de control político en el que Cepeda hablaba de supuestos nexos del expresidente con paramilitares. El senador de izquierda, de hecho, ha publicado varias ediciones de libros titulados “Por las sendas del Ubérrimo”, en donde narra los resultados de sus investigaciones entrevistando paramilitares en las cárceles del país. Por su parte, Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, que conoce bien el caso, cuestionó la investigación y defendió al exmandatario, jefe de su Partido.
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”Sorprende, por decir lo menos, la noticia y la decisión de la Fiscalía General de la Nación. Misma institución que en meses anteriores, con todo el despliegue de su aparato investigativo, había llegado a la conclusión de que solicitaba el cierre del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esa misma institución, sin que haya mediado un hecho nuevo, un hecho sobreviniente, una prueba extraordinaria que no existe en ninguna parte, que conocido el escrito de acusación es la reformulación de los mismos hechos que el país viene conociendo hace años, haya ahora decidido, bajo el mandato de una nueva Fiscalía, proceder a la acusación y llamado a juicio del expresidente.
El escrito de acusación deja mucho que desear desde el punto de vista del rigor jurídico, probatorio y de los hechos, y, ante esta nueva decisión, solo quedará reiterar que aquí lo que ha habido es un concierto de enemigos políticos y una vulneración sistemática de las garantías del expresidente”, dijo a este diario.
Se consultaron fuentes en la Fiscalía y estableció que el fiscal Gilberto Villareal no revisó el expediente ni le pidió una reunión al fiscal del caso Cadena, Daniel Hernández, que tiene en su despacho las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez y el propio Diego Cadena.
Aún así, la Fiscalía dio una versión de que para el llamado a juicio se traían dos nuevas declaraciones y tres sacadas del expediente de Cadena. Esto podría generar un primer choque entre los fiscales dentro del ente acusador. Pero, además, si el llamado a juicio no trae hechos nuevos o pruebas decretadas, será difícil que la Fiscalía pueda consolidar su teoría del caso sin la coherencia suficiente para controvertir dos solicitudes de preclusión anteriores. La defensa del expresidente Uribe se limitó a decir que no han sido notificados de la decisión. “Estamos atentos”, publicó el abogado Jaime Granados que ha liderado la estrategia desde que la Corte hizo oficial el proceso contra el entonces senador.
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