En la mañana de este lunes, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, solicitó a la Procuraduría investigar al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntas irregularidades en el nombramiento de quince personas en cargos directivos que no cumplirían con los requisitos para el desempeño de defensores Regionales y Delegados.
La queja disciplinaria detalla que, contrario a las necesidades de la entidad por velar por la protección de los Derechos Humanos, algunos de los nuevos Defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción, además, han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral, y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático.
“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección” señaló Cepeda.
Según el congresista, Camargo ha politizado la Defensoría, por esta razón, pidió a la Procuraduría que investigue si para Camargo, primó la filiación política por encima de los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la propia entidad en materia de nombramientos.
Cepeda presentó, además, una denuncia en la Contraloría, en la que cuestiona la suscripción de once contratos directos de prestación de servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. El valor total de estos contratos supera los 243 millones de pesos.
“Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado” agregó.
Además de las denuncias del senador del Polo, funcionarios de la entidad señalan con preocupación que, al interior de la Defensoría del Pueblo, se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército. Según los funcionarios, esta situación es una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las fuerzas militares.
Entre algunos de los contratos a investigar por la Contraloría se encuentran los suscritos con: Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del Embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez; Miller Jesús Soto Solano, precandidato a la gobernación de la Guajira por el Centro Democrático, cuestionado por haber realizado afirmaciones estigmatizantes contra los líderes sociales; Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la gobernación de Córdoba y presuntamente involucrado en el desfalco del 'cartel de la salud' en Córdoba.
Así como la contratación con Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila sancionada por la Procuraduría General de la Nación por el manejo irregular de 3.500 millones de regalías petroleras mientras administró la capital del departamento (2004-2007) y cuyo esposo, Germán Trujillo, fue condenado por haberse apropiado de multimillonarios recursos pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Santander.
De otra parte, entre las quince personas que no cumplirían los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios para ejercer las funciones de defensores Regionales y Delegados, entre ellos se encuentra José Augusto Rendón García, Defensor Regional en Urabá.
En el caso de Rendón, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han señalado que ha representado y asesorado a empresarios que en esa región figuran como compradores masivos de tierra en medio de la oleada paramilitar. Ha sido fuerte crítico de la restitución de tierras y ha promovido que los reclamantes busquen acuerdos comerciales con los nuevos dueños de sus tierras.
Respecto de Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá, dijo Cepeda que, además, de no contar con experiencia acreditada para el ejercicio de sus funciones, cinco de sus siete años de experiencia son como coordinador jurídico del Centro Democrático y pese a que fue nombrado el 22 de diciembre de 2020 en el cargo de Defensor Regional, continúa utilizando sus redes sociales para difundir mensajes de los congresistas de su partido político.
Andrés Felipe Villamizar Ortiz, exrepresentante a la Cámara Liberal, fue nombrado Defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales, a juicio del congresista, no cuenta con experiencia profesional o académica que acredite su conocimiento sobre los DESC. Además, Villamizar fue denunciado en 2017 por su exesposa Verónica Pinto, quien lo acusa de maltrato físico y sicológico. Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 10 días por “mecanismos traumáticos de lesión contundente abrasivo”.
Diana Margarita Silva Londoño Trabajó de febrero a junio de 2018 como contratista del Centro Democrático y en 2017 fue asesora política del exprecandidato uribista Rafael Nieto y miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Samuel Hoyos. Recientemente se le criticó un encuentro privado que tuvo con el exjefe paramilitar 'Jorge 40' en la cárcel de Picaleña. Además, el pasado 7 de abril, 11 profesionales interpusieron en su contra una queja por acoso laboral representadas en conductas de irrespeto, amenazas, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo.
Ibeth Milagro Tobias Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria. Según la Silla Vacía, Ibeth Tobías hace parte de la estructura política liberal del excongresista Rodrigo Roncallo, investigado por parapolítica.
