El representante a la Cámara Andrés Eduardo Forero radicó una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Superintendencia Nacional de Salud.

En el mismo trámite, Forero solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo.

Esta no es la primera acción judicial contra el nombramiento de Daniel Quintero Calle. El pasado 27 de abril fue radicada una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con el objetivo de cuestionar su designación como superintendente de Salud.

En ese recurso, los demandantes señalaron que el nombramiento podría afectar derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la adecuada prestación del servicio de salud. La demanda fue presentada por tres ciudadanos, quienes indicaron que la controversia se origina en el decreto mediante el cual la Presidencia de la República oficializó su llegada al cargo.

Según los accionantes, Daniel Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para dirigir la entidad, al considerar que su perfil no se ajusta a las condiciones establecidas para ese cargo.

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Otro de los puntos centrales de la acción popular tiene que ver con la situación jurídica del designado. De acuerdo con la demanda, Quintero enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato, en el marco del caso conocido como Aguas Vivas, que actualmente se encuentra en etapa de juicio.

A esto se suma una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría, la cual incluye una inhabilidad para ejercer funciones públicas. Aunque esta decisión fue ratificada en segunda instancia, se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado, lo que mantiene vigente la discusión sobre sus efectos.

El recurso también menciona declaraciones públicas realizadas por el exalcalde de Medellín antes de su nombramiento, en las que habría anticipado posturas frente a las EPS —como el caso de Sura—, lo que se conoce como “prejuzgar”. Para los accionantes, estas manifestaciones podrían interpretarse como tal, lo que pondría en entredicho la imparcialidad requerida en su rol.

La llegada de Quintero a la Supersalud quedó en firme con el Decreto 433, firmado el 23 de abril por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo.

El documento fue firmado pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones.

Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien adelantó que van a demandar el nombramiento de Quintero.

“Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (Estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez.

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