El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó la activación inmediata de una Junta de Inteligencia Conjunta y ofreció plenas garantías de seguridad al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, luego de que este revelara un informe forense que confirmó la infiltración sistemática de su teléfono personal mediante el software espía Pegasus, en una operación presuntamente orquestada por unidades militares para detener investigaciones anticorrupción.

Tras conocerse la gravedad de la denuncia, Sánchez estableció una comunicación directa con el funcionario afectado para manifestarle el respaldo de la cartera de Defensa. El jefe de la cartera castrense explicó que impartió lineamientos claros orientados a apoyar el proceso judicial y esclarecer si hubo participación de agentes estatales en el ataque cibernético.

"Le expresé que cuenta con todo el apoyo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tanto para el esclarecimiento de los hechos como para brindarle la protección correspondiente", señaló Sánchez.

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El alto funcionario informó que contactó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para poner a disposición "toda la información y capacidades institucionales necesarias" que permitan agilizar las pesquisas. Sánchez enfatizó que los organismos de inteligencia no tienen autorización legal para realizar interceptaciones de comunicaciones, una facultad que recae exclusivamente en autoridades con función de Policía Judicial.

La reacción del Ministerio de Defensa se produjo horas después de que Andrés Idárraga interpusiera una denuncia penal sustentada en un dictamen técnico. Según el ministro encargado, su dispositivo iPhone 15 Pro Max sufrió una "explotación remota avanzada" entre agosto y noviembre de 2025, periodo en el cual se registraron más de 8.742 intentos de conexión con la infraestructura del programa israelí NSO Group.

"Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia", declaró Idárraga, quien detalló que los atacantes lograron activar la cámara y el micrófono del dispositivo en al menos 124 ocasiones para monitorear sus actividades en tiempo real.

El objetivo de la intrusión, según el denunciante, fue la extracción de 2,3 gigas de información sensible relacionada con casos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares que su despacho documentaba. "Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción de todo nivel y tipo", aseveró el funcionario.

El punto más crítico de la denuncia involucra un documento clasificado como "secreto" del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (CEDE2), fechado el 11 de noviembre de 2025. Idárraga reveló que la Orden de Operaciones 'CACIM' tenía como misión explícita identificar filtraciones, pero en la práctica se desvió para "prevenir el posible daño a la imagen de altos oficiales", designando al funcionario como un objetivo.

"Se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia", denunció Idárraga con vehemencia, cuestionando que dineros del Estado se destinaran a atacar a funcionarios del mismo Gobierno en lugar de combatir amenazas a la seguridad nacional.

Además del ciberespionaje, la operación incluyó vigilancia física mediante la asignación de un vehículo Suzuki Alto para recolectar información sobre los movimientos del ministro encargado. Ante esto, Idárraga solicitó a la Fiscalía inspeccionar los servidores de la unidad CACIM y las bitácoras del vehículo implicado.

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Frente a los señalamientos sobre el uso indebido de la inteligencia militar, el ministro Pedro Sánchez insistió en que los organismos de seguridad actúan bajo la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y con controles que garantizan los derechos constitucionales.

"Confiamos plenamente en las instituciones del Estado y en que la verdad se establecerá con objetividad y prontitud", concluyó Sánchez, quien habilitó las líneas 107 y 157 para recibir información bajo reserva sobre hechos relacionados.

El caso, que ya fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mantiene en tensión al gabinete, mientras Idárraga sentenció: "La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción".

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