Niños, adolescentes y adultos de las comunidades indígenas de Guainía tienen mercurio en sus cuerpos por la minería ilegal en los ríos de la Amazonía y la Orinoquía, y el sistema de salud colombiano no tiene protocolos para atenderlos, no hace vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas y opera en todo ese departamento con apenas dos dispensadores de medicamentos para 24 puestos de salud dispersos en una de las geografías más remotas del país.

La situación fue documentada por la Defensoría del Pueblo durante una visita al departamento, donde también se registró que nueve personas con emergencias vitales esperaron días sin que se activaran los mecanismos de traslado a centros de mayor complejidad. "No tiene que estar la Defensora del Pueblo acá para que esas remisiones se hagan realidad", advirtió la titular de esa entidad, Iris Marín.

Los puestos de salud en zonas dispersas del Guainía no tienen insumos básicos garantizados. Los tiempos de espera para acceder a medicamentos son prolongados y los traslados a servicios de mediana y alta complejidad enfrentan barreras que llevan a los propios pacientes a renunciar a la atención. "Nos decían: preferimos a veces no ser trasladados y renunciar al servicio", relató Marín, en referencia a las condiciones que encuentran los indígenas cuando llegan a ciudades que no reconocen sus lenguas ni sus prácticas culturales.

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Los acuerdos alcanzados el año anterior en mesas de salud no se cumplieron. La Defensoría atribuyó ese retroceso a los cambios recurrentes en las directivas de la Nueva EPS y en las autoridades de Supersalud, que cortaron la continuidad del trabajo territorial. "Lo logrado en los PMU de salud el año pasado se cae", señaló Marín.

La contaminación por mercurio no ocurre en un vacío. La Defensoría señaló que la minería ilegal en Guainía es impulsada y protegida por grupos armados, y que constituye uno de los principales motores del conflicto en el departamento. La alerta de inminencia 08 advirtió sobre disputas territoriales entre el Eln y la Segunda Marquetalia en Inírida, Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, con presencia adicional de disidencias del grupo conocido como Mordisco en el norte del departamento. Los más afectados, documentó la Defensoría, son los pueblos indígenas.

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