“La medición por hectáreas está hecha para causarnos problemas”, afirmó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante la presentación del informe anual de cultivos ilícitos elaborado por Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El país aumentó el año pasado en un 13% el total de áreas sembradas con hoja de coca, al situarse en 230 mil hectáreas, frente a las 204 mil reportadas en 2021.

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En todo caso, esa tasa de aumento es menor a la que se reportó el año anterior. "La idea de que estamos inundados de coca no es cierta", explicó el ministro de Justicia.

Para Osuna, deberían existir más índices de consumo que comprendan de mejor manera las dinámicas sobre las drogas y, además, no restringirla al número de hectáreas sembradas.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que, pese al aumento en el porcentaje, “se está aplanando la curva”, dado que el incremento del año pasado en más bajo que el reportado en 2021, cuando fue del 41%.

Del total de 230 mil hectáreas registradas en 2022, el 77% se concentró en Putumayo, mientras que en otros territorios en los que los cultivos  ilícitos han sido tradicionales, como Norte de Santander y Nariño, hubo equilibrio.

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El 88% de la coca, señaló el informe, se concentra en áreas donde “siempre ha estado desde hace diez años”, como indicó el coordinador del SIMCI, Leonardo Correa. De hecho, la tasa de crecimiento en todo el país sin Putumayo es solo del 3%.

Correa llamó la atención frente a la zona alrededor del río Putumayo. El informe de monitoreo evidenció que el núcleo de coca se une con el núcleo de Perú, dado que se unen cultivos de ese país con los de las zonas que están en la frontera con el río. Para Correa, existe un “riesgo de núcleo trasnacional”.
 

Frente a ese hecho, Osuna indicó que una de las prioridades del ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, es la de mantener diálogos con Perú, Ecuador y Brasil, debido a que el río Putumayo es “una autopista gratis” que favorece al narcotráfico.

Para la ONUDC y para el Gobierno las alarmas se encienden en varias zonas de concentración en las que los cultivos se encuentran sobre áreas que requieren protección especial. El 21,5% de los cultivos están en parques nacionales naturales, 18% en resguardos indígenas, 4% en tierras de comunidades negras y 2% en reservas forestales.

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Frente a este panorama, el ministro Osuna le explicó a Colprensa que contempla medidas de sustitución luego de consultas previas con la comunidades, además de fomento de economías verdes en las que se puede utilizar tanto la coca como otros cultivos. La excepción es el área concentrada en zonas forestales, donde, según Osuna, “no puede haber cultivo de nada”, por lo que la estrategia es la erradicación.

En las zonas de mayor concentración de coca, el informe señaló que persiste la falta de presencia estatal, a lo que Osuna respondió que la actual política de drogas del gobierno, que fue publicada este fin de semana y será presentada formalmente el 3 de octubre, “promete que el Estado va completo”, es decir, además de la Fuerza Pública, se contrmpla llevar educación y carreteras para contrarrestar las economías ilícitas.

Por último, en esas zonas de concentración, que ocupan el 14% del territorio en el que se siembra coca, la problemática de cultivos es más compleja por cuenta de la producción, que se consolida en un 44% del total nacional. Ello se explica porque la nueva dinámica de drogas ofrece cierta convergencia entre esa producción y otros bienes y servicios que se obtienen por las economías lícitas en centros poblados.

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