La controversia en torno a la situación financiera del Hospital San Rafael de Itagüí volvió a encender el debate nacional sobre la sostenibilidad de la red pública de salud en Antioquia.
Aunque el tema ya había sido advertido por autoridades departamentales y trabajadores del sector, las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron una ola de reacciones que profundizaron la discusión sobre las responsabilidades institucionales y el manejo de los recursos.
Las afirmaciones se dieron durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que el jefe de la cartera de Salud fue consultado por el papel del Gobierno Nacional frente a la crisis que atraviesan varios hospitales del departamento. En ese escenario, Jaramillo apuntó directamente a la Gobernación de Antioquia como responsable de las dificultades financieras que enfrenta el centro asistencial.
Cruce de señalamientos por manejo del hospital hoy
Según el ministro, la situación del Hospital San Rafael no puede atribuirse a retrasos del Gobierno central ni a la operación de las EPS intervenidas, sino a una “mala administración” y a prácticas de “politiquería” que, en su criterio, habrían convertido a la institución en un fortín político. Al referirse a los atrasos en los pagos por parte de Nueva EPS y Savia Salud, sostuvo que el hospital es de orden departamental y que, por tanto, la Gobernación debe responder por su estado financiero.
En medio de sus declaraciones, Jaramillo pronunció una frase que desató polémica: “Los ricos también lloran. San Rafael es un hospital departamental (…) Si hay una deuda, es de $6.000 millones y la Nueva EPS se ha comprometido a pagar”. El comentario fue interpretado por diversos sectores como una minimización de la gravedad del problema.
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Durante la misma transmisión radial, el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, rechazó de manera categórica los señalamientos y pidió al ministro presentar pruebas que respalden sus acusaciones. Arroyave aseguró que las EPS adeudan a la institución cerca de $27.000 millones, de los cuales solo Nueva EPS tendría un saldo pendiente de $8.830 millones. Además, explicó que la falta de flujo de recursos ha llevado a que médicos y trabajadores acumulen más de cuatro meses sin recibir salario.
El directivo relató que la crisis llegó a un punto extremo, al señalar que en el año anterior algunos empleados se desmayaban por falta de alimentación y que incluso tuvo que destinar recursos propios para la compra de mercados. También indicó que varias entidades financieras han bloqueado al hospital por considerarlo un mal pagador, situación que, según explicó, se deriva directamente de la falta de pagos por parte de las EPS. Tras escuchar estos argumentos, el ministro abandonó la llamada sin entregar nuevas explicaciones.
Deudas millonarias presionan a la red pública
El panorama descrito por la Secretaría de Salud de Antioquia es igualmente preocupante. De acuerdo con los reportes oficiales, la deuda total de las EPS con la red pública supera los $8 billones. Las EPS intervenidas por el Gobierno, entre ellas Nueva EPS y Savia Salud, adeudan alrededor de $4,9 billones. Solo Nueva EPS registra compromisos por $3,1 billones en el departamento, mientras que Savia Salud debe cerca de $1,4 billones y Coosalud acumula obligaciones por $395.000 millones.
Desde la red pública se advierte que el modelo de giro previo y anticipado implementado por el Gobierno ha tenido un impacto negativo en la liquidez de los hospitales, al punto de afirmar que “desde que el ‘chu-chu-chú’ empezó a funcionar, la red pública se fue al piso”. Este contexto mantiene en alerta a autoridades, trabajadores y usuarios, mientras persiste el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad principal para evitar el colapso del sistema hospitalario en Antioquia.
