Colombia retrocedió casi 29 años en la historia, luego que Estados Unidos anunciara su descertificación en la lucha contra las drogas. En medio de este panorama son varias las cosas que están en juego, entre ellas, el financiamiento a sectores clave del país.
Sin embargo, el Gobierno norteamericano aseguró que no retirarán el acompañamiento que le han hecho a Colombia en el combate contra el narcotráfico.
La presidente de la Cámara Colombo-Americana, Amcham, María Claudia Lacouture, aseguró que son cinco los retos que tiene en el país en la lucha contra el narcotráfico. Entre ellos están: tener una reducción de la oferta; también interdicción y control del tráfico; enjuiciamiento y extradiciones; compromisos internacionales; y voluntad política con resultados demostrables. Dijo que Colombia debe ser más clara y proactiva en concretar un plan de acción que mejore la erradicación de cultivos de coca.
“En ese marco, resulta plausible la decisión del Gobierno de retomar programas de fumigación, dentro de los límites fijados por la Corte Constitucional; formulamos un llamado respetuoso a dicho alto tribunal para revisar los alcances y efectos de su decisión, a fin de garantizar eficacia y protección de derechos”, dijo la dirigente gremial.
Reconoció éxitos en incautación e interdicción, aun así, aseguró que se ven opacados por el aumento en la siembra de nuevas matas, por ello, insistió que es importante fijar una meta alcanzable y monitoreable en los próximos doce meses.
“De igual forma, es necesario profundizar la cooperación judicial y fortalecer los mecanismos de extradición. Las decisiones de no extraditar han sido percibidas desfavorablemente por los Estados Unidos y, además, no han demostrado contribuir al avance de la paz en el país. En este contexto, es fundamental evitar mensajes equívocos: la diplomacia exige rigor”, dijo Lacouture.
Lo que está en juego
La descertificación pone sobre la lupa los accesos a préstamos en la banca multilateral, también podrían suspender las ayudas militares, que actualmente representan $2 billones.
Lacouture ya había reiterado en varias oportunidades las altas probabilidades de que este escenario se hiciera realidad.
Esto podría repercutir en que se frenen programas de asistencia económica y social, que actualmente aportan US$241,7 millones, o de seguridad civil que entregan recursos por US$171 millones.
La dirigente gremial espera que Colombia tenga una respuesta inmediata, técnica y verificable sobre cada criterio, priorizando erradicación, interdicción y extradiciones, sustentada en esfuerzos sustanciales posteriores que pongan por delante el bienestar de los colombianos.
Señaló que en los meses que le queda al Gobierno Petro tiene que trabajar en un plan de acción para que Estados Unidos si vea un compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
Dijo que el primer paso debe ser presentar un plan de choque con metas, hitos y verificación independiente en: reducción de la oferta, interdicción y control de precursores, enjuiciamiento y extradición, compromisos internacionales y resultados demostrables.
También, d loestacó que se debe acelerar la seguridad integral en los territorios más afectados (presencia estatal con seguridad, educación, salud y oportunidades) y reafirmar el rol constitucional de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar control territorial.
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Y por último solicitar que se reconozcan los avances en interdicción e incautaciones y que se considere el anuncio de retomar la aspersión donde proceda y con salvaguardas. “Estas señales deben ayudar a que los efectos de la decisión se mantengan en el plano político, sin perjuicios al comercio, la inversión y la economía”, dijo.
Una estrategia sin resultado
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Bedoya, dijo que si se miran los números se da cuenta que la estrategia que han estado utilizando en los últimos años para la sustitución y erradicación de cultivos no ha dado resultado.
“Un número creciente de hectáreas de hoja de coca, pues es claramente una muestra del fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, de la falta de alternativas en materia de seguridad para quienes están en las zonas donde se cultiva la hoja de coca y adicionalmente la ausencia de la infraestructura y la dotación de bienes públicos que de alguna u otra manera de la mano de la seguridad y la lucha contra los grupos terroristas y las organizaciones criminales pues diera la posibilidad de que evidentemente se diera una reducción en los cultivos de uso ilícito”, señaló.
Sobre lo que se debe hacer para frenar el crecimiento de cultivos, se remontó a la estrategia que tenía el expresidente Juan Manuel Santos, vinculada a la fumigación, señaló que en esa época se llegó a tener una cifra la más baja en la historia del año 2013 entre 46.000 y 48.000 hectáreas de hoja de coca.
“Eso iba a la mano de la lucha en materia de interdicción ya el clorhidrato de cocaína y obviamente la necesidad como lo hemos hablado en otras oportunidades que llegue la dotación de bienes públicos, las carteras, la seguridad obviamente que es tal vez la más importante y todo lo que contribuye al desarrollo y que force a los grupos armados al margen de la ley de abandonar esas zonas donde se terminan victimizando a la población civil, instrumentalizándola no solamente desde el punto de vista de las manifestaciones, sino también cercenando la posibilidad de tener actividades económicas lícitas”, acotó.
No obstante, destacó que son muchas las tareas que tiene que hacer el Gobierno, pero señaló la importancia de la cooperación con otros gobiernos.
La decisión de EE.UU. tiene gran impacto en cooperación, comercio y turismo
analistas ya han advertido sobre las consecuencias o el impacto que tiene esta decisión. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que determinaría el acceso a recursos de cooperación en materia de seguridad. Además, envía señales a potenciales turistas, lo cual puede influir en la llegada de visitantes al país.
También señaló que puede tener repercusiones en el comercio internacional, a través de eventuales medidas arancelarias y en los créditos que emita la banca multilateral.
Tomado de La República
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