El anuncio de la JEP fue histórico. No se trató de un comunicado de rutina sobre imputaciones, como las 103 que lleva la Jurisdicción, sino que fue un recuento de cómo es la mirada distinta que tiene esa parte del Estado colombiano al momento de evaluar las complejidades del conflicto.

La magistrada Belkis Izquierdo, indígena arhuaca, vicepresidente de la JEP, en su acto de posesión en noviembre del año pasado se definió como “parte de un sujeto colectivo, de un pueblo y de un territorio indígena ubicado en el corazón del mundo". Hoy, gracias a su identidad y conocimiento ancestral, le entregó resultados a comunidades históricamente vulneradas y a un territorio afectado vilmente por la guerra.

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La imputación llega en el marco del Caso 02, del que Izquierdo es relatora, con el que la Jurisdicción Especial para la Paz priorizó las afectaciones que el conflicto causó entre 1990 y 2016 en los municipios nariñenses Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. En ese último se cumplió la rueda de prensa, que fue precedida por un acto simbólico cultural.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las extintas Farc llevaron a cabo una "política de control social y territorial" que resultó en seis patrones macrocriminales. La zona especificada en el caso 02 es clave, porque concentra tres municipios que fueron "de interés geoestratégico de los actores armados".

Las cifras de esos patrones son alarmantes. El primero de ellos —las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas— contempla 314 hechos que ocurrieron entre 1997 y 2016, lo que dejó como resultado 468 víctimas directas.

El segundo patrón es el de confinamientos y, al mismo tiempo, de desplazamientos forzados. Hubo 334 hechos de desplazamiento forzado documentados por la JEP, lo que dejó un saldo de más de 27 mil víctimas, y 44 confinamientos, que se dieron, principalmente, por órdenes de la entonces guerrilla o por combates.

Además, se determinó que hubo reclutamiento y utilización de niños, tanto indígenas como afrocolombianos, con el fin de aprovecharse de sus conocimientos sobre el territorio y sobre sus costumbres. La Jurisdicción recoge 102 niños y niñas que pertenecen a las etnias de la zona, 36 de los cuales tenían entre seis y catorce años de edad.

También se definió que hubo violencia sexual, así como violencia de género y violencia por prejuicio contra mujeres, niñas y personas de identidades diversas. Ese tipo de conductas, explicó la magistrada Belkis Izquierdo, se naturalizó "como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil, constituyendo una práctica tácitamente autorizada".

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Los últimos dos patrones fueron el uso ilícito de minas antipersonal y restos explosivos de guerra, que dejó 279 víctimas identificadas, y la destrucción de la Naturaleza y el Territorio. Sobre este último se anotaron 71 hechos que fueron contra "la Naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa Su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y urbanas".

Por todo ello se imputaron dos tipos de crímenes. Los primeros son de lesa humanidad, o sea, graves delitos cometidos sistemáticamente contra la humanidad o parte de ella, como exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos, asesinato, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, entre otros.

Los segundos, crímenes de guerra, que son hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario y la dinámica que regula los conflictos armados. En este sentido se imputó también homicidio, reclutamiento y utilización de niños para participar en hostilidades, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, empleo de minas antipersonales, destrucción del medioambiente y destrucción y apropiación de bienes culturales y lugares de culto.

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Luego de detallar todos esos aspectos, la magistrada Izquierdo individualizó a los quince máximos responsables, quienes tienen treinta días para presentarse ante la JEP y reconocer su responsabilidad o, de lo contrario, enfrentarse al proceso adversarial que puede traerles hasta veinte años de cárcel:

Pablo Catatumbo, Édgar López ('Pacho Chino'), Luis Carvajal ('Rambo' o 'Gustavo'), Hedier Espinosa ('Cachorro'), Groelfi Rodríguez ('Ramiro Cortés'), Wilfrido Ávila ('Mondanga'), Rubiel Torres ('Tachuela'), Arlez Porras ('Yesid Guevara'), Fabio Murcia ('Vitamina'), Jair Acosta ('Javier Guzmán'), Ricardo Palomino ('Jairo Perdomo' o 'Chiqui'), Alberto López ('William Santamaría'), José Castro ('el Doctor'), Diego González ('el Pollo') y Juan Carlos Caicedo ('el Gordo').

Los ahora imputados fueron parte de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano. Pablo Catatumbo fue comandante del Comando Conjunto de Occidente y Édgar López fue comandante del Frente 29.

Esta actuación judicial se enmarca en lo que el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, llamó "la investigación más grande que ha realizado la JEP hasta ahora". Su impacto se da no solo por las conductas, sino por el estudio del territorio, las comunidades y lo que Belkis Izquierdo explicó como "daños graves, diferenciados y desproporcionados" hacia la población indígena, las negritudes y los menores de edad.

Cabe resaltar que, aunque la imputación fue dirigida específicamente a exmiembros de las extintas Farc, el macrocaso 02 también investiga a la Fuerza Pública. Entre las unidades investigadas se encuentran especialmente el Grupo de Caballería Mecanizado 3, General José María Cabal, y algunas de sus unidades agregadas, como el Batallón de Contraguerrilla 37, Macheteros del Cauca.

En la lista de la Fuerza Pública también se encuentra la Fuerza de Tarea Palmares o Cascabel y tropas del Batallón de Selva 53, Francisco José González. Los crímenes de los agentes del Estado "continúan en investigación y serán objeto de una próxima decisión judicial".

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