La JEP le otorgó un nuevo plazo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de manera que pueda a anexar un "documento con el que se comprometió", en el marco del expediente que le abrió para determinar si lo acepta o no en esa jurisdicción.

Sin embargo, la JEP aclaró que Mancuso ha entregado hasta el momento toda la información que se le ha pedido, incluidos documentos complementarios.

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Hace una semana, el 5 de julio, la Jurisdicción informó que Mancuso había entregado información complementaria dentro del intervalo de tiempo establecido, y añadió que estaba estudiando si le daba un nuevo plazo más para entregar nuevos documentos.

Ese mismo día, el presidente de la Jurisdicción, Roberto Vidal, dijo que la decisión sobre si Mancuso era aceptado o no podría conocerse “en cuestión de semanas”. Los magistrados “están trabajando de una manera acelerada para poder dar esa respuesta”, detalló en declaraciones a Caracol Radio.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso el 10, 11, 15 y 16 de mayo. En esas audiencias se le pidió explicar cuál había sido su rol de "bisagra o punto de conexión" entre la Fuerza Pública y los paramilitares.

Luego de esa audiencia virtual en Montería, la JEP le pidió el 18 de mayo ampliar por escrito cierta información. Para tal efecto, le dio un plazo de 30 días hábiles para responder con qué empresarios se reunió en Antioquia y Sucre, a fin de fortalecer el paramilitarismo.

También le pidió un listado de personas vinculadas a compañías del país que presuntamente tuvieron nexos con los grupos bajo su mando, entre otros detalles.

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Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, estos datos fueron entregados a tiempo. "Se trata de un documento junto con una matriz y anexos", detalló el órgano judicial en un comunicado.

Hace dos días la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas anotó que Salvatore Mancuso se comprometió con seguir ayudando a encontrar víctimas de desaparición forzada.

El exjefe paramilitar reconoció ante la JEP del uso de hornos crematorios en Norte de Santander y de una fosa común con cuerpos de sus víctimas del lado venezolano. Sobre los dos predios colombianos el 22 de junio la JEP anunció que estudiaba la posibilidad de decretar medidas cautelares para su protección.

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