La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de desacato contra Luis Antonio Puerto Corredor, coordinador del Grupo de Personas de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por no cumplir las órdenes dirigidas a garantizar la seguridad de un interviniente en el Caso 05, que investiga la situación territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que la UNP tendrá un plazo de cinco días, a partir de la notificación de la decisión, para garantizar un esquema de protección con enfoque diferencial que incluya a la víctima y su núcleo familiar.

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La magistratura recordó que la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la seguridad es de naturaleza colectiva y fundamental, lo que obliga al Estado a definir medidas de protección específicas y adecuadas para evitar que los riesgos extraordinarios se materialicen.

La JEP consideró determinante lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019, en su artículo 17, el cual establece la obligación de proteger a procesados, víctimas, testigos y demás intervinientes que acudan a la Jurisdicción.

El artículo señala que se deben adoptar medidas necesarias para salvaguardar los derechos de estas personas, quienes podrán ser vinculadas a los programas de protección de la UNP cuando su vida o seguridad personal se vean amenazadas por su participación en el proceso.

La JEP instó a la Procuraduría General de la Nación a presentar, en un plazo de cinco días, un concepto sobre la procedencia de adoptar una sanción por desacato contra Puerto Corredor, en el marco de este incidente.

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